La Comunidad de Madrid será la segunda autonomía que más menores inmigrantes no acompañados acogerá dentro del reparto impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia, según un documento distribuido a las consejerías autonómicas al que ha tenido acceso Europa Press. En total, Madrid asumirá la tutela de 647 menores y recibirá 15,8 millones de euros para cubrir los costes derivados del proceso.

Por delante se sitúa Andalucía, que acogerá a 677 menores y percibirá 24,2 millones de euros. Les sigue la Comunidad Valenciana, con 571 menores. Este reparto forma parte de una medida que será aprobada por real decreto y busca aliviar la presión sobre el sistema de acogida en territorios como Canarias, Ceuta o Melilla, actualmente en situación de sobreocupación por la llegada masiva de menores extranjeros.

Otras comunidades, como el País Vasco o Cataluña, tendrán una implicación mucho menor en el reparto. El País Vasco no acogerá a ningún menor, mientras que Cataluña ha ofrecido acoger a solo 31, dado su esfuerzo previo en años anteriores.

El sistema de distribución se ha diseñado atendiendo a una “fórmula de solidaridad equitativa”, basada en criterios como la población total y la capacidad ordinaria de acogida de cada región. Según este documento, en el caso de Madrid, la capacidad estimada se sitúa en 2.325 menores. A nivel estatal, el sistema puede acoger a un total de 16.016 menores migrantes no acompañados.

En total, se procederá al traslado de 3.975 menores desde las comunidades más saturadas: 3.355 desde Canarias, 445 desde Ceuta y 175 desde Melilla. Estas reubicaciones deberán realizarse en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 2/2025, aprobado el pasado 18 de marzo.

El Gobierno regional madrileño ha mostrado su rechazo a este reparto, criticando tanto el procedimiento como los criterios empleados. Desde la Comunidad se ha reprochado que el proceso se haya tramitado por vía de urgencia y que se haya establecido “unos criterios absolutamente arbitrarios”, según declaraciones de portavoces regionales.

La propia consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha acusado al Ejecutivo de aplicar “criterios subjetivos” y de realizar una distribución “ilegal e inconstitucional”, que excluye a territorios como Cataluña y el País Vasco por razones políticas. En sus palabras, el reparto responde únicamente a “criterios de salvamento del sanchismo” y demuestra la “incapacidad de gestión” del Gobierno frente a una crisis migratoria que ya se prolonga casi dos años.