La Comunidad de Madrid ha formalizado la demanda del recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno Central por la falta de medidas para conocer los costes de la implantación de la Ley de Eficiencia de cara a solicitar las compensaciones que procedan.

La primera fase de implementación de la Ley de Eficiencia entra hoy en vigor y, por ello, se constituyen Tribunales de Instancia en 14 de los 21 partidos judiciales de la Comunidad de Madrid. También hoy se constituyen 126 Oficinas de Justicia en los municipios (de los 158 Juzgados de Paz que tiene la Comunidad de Madrid).

El Gobierno regional presentó el recurso el 16 de mayo que ha sido admitido y ahora se ha formalizado la demanda. El Gobierno central no ha evaluado el coste real de la aplicación de esta Ley, tal y como exigía el Gobierno autonómico, ni tampoco ha dotado a las comunidades autónomas de la financiación necesaria para llevarla a cabo.

De acuerdo con las reglas que rigen el sistema de financiación autonómica el Estado está obligado, por el principio de lealtad institucional, a establecer mecanismos para evaluar el coste que supone la aplicación de medidas legislativas.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha lamentado que hoy se ponga en marcha la primera fase de la “mal llamada ley de Eficiencia” que se ha hecho “sin contar con el poder judicial ni con las comunidades autónomas”.

Esta Ley, a su juicio, nace “sin la financiación necesaria para ponerla en marcha y sin el tiempo suficiente para implartarla con éxito”. Sin embargo, el consejero ha recalcado que la Comunidad de Madrid es una administración “responsable”: “No somos insumisos de la Ley y, por eso, hoy ya son una realidad en nuestra región los primeros 14 nuevos tribunales de instancia y 126 oficinas de Justicia en el municipio, lo que antes se denominaban juzgados de paz”.

Por otro lado, García Martín ha remarcado que presentan la demanda del recurso contencioso-administrativo contra la Ley de Eficiencia por “la falta de medidas para su implantación” y ha exigido al Gobierno central que evalúe los costes reales y posibilite los instrumentos necesarios para resarcir económicamente a las comunidades autónomas. Según los cálculos de la Comunidad de Madrid, 43 millones de euros solo el primer año de implantación.

“Nuestro objetivo no es otro que dotar de medios a la Justicia y respetar su independencia. Ojalá que el Gobierno de Sánchez y Bolaños tuvieran tan claro este mismo objetivo”, ha sostenido.

De ser así, el consejero ha incidido en que España se hubiera ahorrado “una huelga de 3 días de jueces y fiscales, que hoy empieza por el intento del Gobierno de meter las manos en la Justicia, modificando el acceso a la carrera judicial para orillar los principios de mérito y capacidad y modificando la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Estatuto del Ministerio Fiscal para dar un poder casi absoluto al fiscal general del Estado y otorgar la instrucción de los procesos penales a la Fiscalía”.

Y más, como ha dicho el consejero, en un contexto como el actual que hay un fiscal general del Estado “a punto de sentarse en el banquillo de los acusados”, algo que no les puede “preocupar más”.

“El poder judicial está en el radar del Gobierno de Sánchez porque está investigando los casos de corrupción que afectan a su gobierno, su partido y su entorno más cercano. Hoy el Sanchismo, no lo olvidemos, está en prisión preventiva de la mano del muñidor de los pactos con independentistas que sujetan a Sánchez en la Moncloa”, ha lanzado.