La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha advertido este viernes del “tensionamiento y colapso” que sufren los centros de acogida de menores migrantes no acompañados en la región, una situación que, según ha asegurado, llevan denunciando desde hace casi dos años sin respuesta efectiva por parte del Gobierno central.

Tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia, donde participan las comunidades autónomas y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, Dávila ha reprochado al Ejecutivo de Pedro Sánchez la “falta de coordinación” y la ausencia de un plan para abordar esta “grave crisis migratoria”.

Además, ha recordado que el real decreto ley sobre el reparto de menores migrantes se encuentra recurrido ante el Tribunal Constitucional por 11 comunidades autónomas, que representan “el 70 por ciento de la población del país”. Según la consejera madrileña, esta normativa es “una imposición” que “invade competencias autonómicas” y “vulnera la Constitución”.

Respecto a los 22 millones de euros aprobados por el Gobierno para ayudar a Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, Dávila ha calificado la cifra como “irrisoria y ridícula”, afirmando que apenas supone “ocho euros por menor al día”. La consejera ha subrayado que, en el caso de Madrid, los menores siguen llegando sin control, especialmente a través del aeropuerto de Barajas, sin información clara sobre su procedencia.

A pesar de las críticas, Dávila ha asegurado que la Comunidad de Madrid cumplirá con la ley y su responsabilidad moral para atender a los menores que lleguen.

Los traslados comenzarán en agosto

Por su parte, la ministra Sira Rego ha anunciado que los traslados de menores migrantes comenzarán en agosto, una vez aprobado el reglamento correspondiente por el Consejo de Ministros. También ha confirmado que todos los traslados serán financiados por el Estado y que en julio se convocará una nueva reunión para definir la financiación del sistema ordinario de acogida.

Rego ha lamentado el “bloqueo” por parte de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, a quienes ha acusado de acudir “con las manos vacías” y de hacer prevalecer “la agenda ultra de Vox”.

Finalmente, la ministra ha insistido en que el reglamento que prepara el Gobierno dará un tratamiento individualizado y centrado en los derechos de la infancia, subrayando que los menores migrantes “no son cifras, son seres humanos”.