El curso escolar 2020-2021 arrancará en septiembre con el uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos prohibido en los colegios e institutos madrileños durante la jornada escolar. También en los recreos.

Se trata de una medida encaminada a mejorar los resultados académicos de los alumnos madrileños, especialmente aquellos que tienen mayores problemas con el estudio, y a luchar contra el ciberacoso y el bullying en los centros docentes de la región.

«Solamente se podrán autorizar a los alumnos que lo necesiten por razones de salud o por los motivos que considere el centro», precisó el también portavoz del Gobierno regional Ignacio Ayuso.

Aguado expresó su deseo de que los alumnos se sientan «seguros y tranquilos» en el entorno escolar y que «los teléfonos no se conviertan en herramientas de ataque, de discriminación o de acoso».

Esta medida, contemplada en la Estrategia integral para la Convivencia escolar y en el Plan de Ciberseguridad del Ejecutivo regional, afectará a todos los centros públicos y concertados -más de 1.700-, donde actualmente cursan sus estudios más 800.000 alumnos.

Del mismo modo, incluye algunas actuaciones para facilitar la inspección educativa y para concretar el plan de acción tutorial.

También se introducen mejoras para agilizar los procedimientos disciplinarios y que las medidas educativas sean más eficaces.

Se incluye en el procedimiento ordinario aquellas faltas graves cuya autoría sea evidente, permitiendo a los centros agilizar las medidas correctoras y aplicarlas con inmediatez para que su resultado educativo sea efectivo.

Las faltas muy graves también se podrán tramitar por el procedimiento ordinario siempre que la falta resulte evidente y sea reconocida la autoría por el alumno.

La prohibición del uso de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos establece un margen de autonomía de los centros para que, en su contexto y dentro de las normas de convivencia aprobadas, puedan permitir el uso de estos medios, de forma excepcional, en determinados períodos, o con fines didácticos, así como a aquellos alumnos que los necesiten.

Por ello, sí se permitirán estos dispositivos a los alumnos que los necesiten por razones de salud o de discapacidad, conforme a lo dispuesto en la normativa de convivencia.

Asimismo, los docentes y la dirección de los centros educativos podrán proceder a la retirada de los móviles de los estudiantes que incumplan esta obligación, que les serán restituidos según la normativa aprobada por el centro.

Además, los dispositivos de grabación de sonido o imagen que fueran empleados para atentar contra la intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen, pudiendo ser los hechos constitutivos de delito, serán entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal.