La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido por carta a la entrega de 31.748 firmas por parte de la Fundación Española de Abogados Cristianos. El pasado 6 de mayo, la presidenta de la entidad, Polonia Castellanos, acompañada por medio centenar de personas, registró en la sede de la Comunidad de Madrid las rúbricas para solicitar al Gobierno autonómico que actúe en Cuelgamuros, «inquietudes sobre el futuro del Valle de los Caídos que comparto en gran medida», afirma la líder regional en la misiva.

La misma petición viene haciendo la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), que presentó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Comunidad de Madrid que desestima la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), aunque la posición desde el Gobierno de la Puerta del Sol ha sido siempre de rechazo, alegando «no ser órgano competente».

“Totalmente al margen”

Sin embargo, es la primera vez que la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se pronuncia de forma tan categórica sobre este particular. En la carta a Abogados Cristianos, la líder del Partido Popular de Madrid asegura que «se trata de un bien que pertenece a Patrimonio Nacional, es decir, al Estado español, quien está negociando ahora con las autoridades eclesiásticas los próximos pasos a seguir. De ahí, que me sea imposible declarar BIC este monumento, como solicitan, porque la cuestión queda totalmente al margen de mis competencias».

Por contra, Ayuso dice que «sí podemos hacerlo con la Escolanía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, vinculada a la congregación benedictina establecida en esa abadía», que «va a ser Bien de Interés Cultural, en la categoría de Patrimonio Inmaterial».

En este escenario de simbología religiosa, la presidenta madrileña dice que de «igual» manera «hemos protegido, en la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, los monumentos y símbolos religiosos de nuestra región; en particular, los católicos, al ser la religión mayoritaria en España».

Protección y cuidado

Asegura en cualquier caso Isabel Díaz Ayuso que «en el Gobierno de la Comunidad de Madrid trabajamos permanentemente por la protección y el cuidado de los bienes históricos y culturales».

Por este motivo, aduce, «vamos a continuar vigilantes para exigir a las autoridades competentes, por todos los medios jurídicamente viables, que cumplan con su obligación de garantizar la protección y conservación del ahora denominado Valle de Cuelgamuros en el proceso emprendido por el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios para “resignificarlo”, término que esconde, a mi juicio, su ambición por reescribir la Historia e imponer un relato sobre el pasado de todos los españoles que no se corresponde con la realidad».

La presidenta de la Comunidad de Madrid era –o es en tanto no se pronuncie el TSJM– la gran esperanza no solo de la ADVC y Abogados Cristianos, sino también de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces y partidos como Vox, entre otros, para la consecución de una declaración BIC que podría proporcionar el marco legal necesario para garantizar la conservación del recinto antes de que se ejecuten en la sierra de Guadarrama los nuevos planes del Gobierno.

Patronato

En el escrito de conclusiones ante el TSJM de la ADVC, esta alega que la titularidad «efectivamente pertenece a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos», y «no al Patrimonio Nacional, quien únicamente ejerce las funciones de Patronato de la Fundación».

Todo ello «sin perjuicio de lo que en un futuro pudiera disponer un real decreto sobre la extinción de la Fundación y el destino de sus bienes; real decreto que aún no ha sido dictado, y que desconocemos si algún día se dictará».

La ADVC considera que «la protección que hoy se otorgue no impedirá en un futuro que la Administración del Estado determine un distinto régimen patrimonial, organizativo, o de funcionamiento, por lo que ninguna interferencia se produciría por parte de la Comunidad de Madrid» para acometer el BIC.

Sobre la situación actual del Valle de Cuelgamuros, Polonia Castellanos asegura que este depende de la Fundación de la Santa Cruz, que el Gobierno de España no tiene competencias y que la Comunidad tiene «legitimación por ley» para acometer esa protección. «Declaró la Escolanía, declaró la fábrica de Clesa», pero «es necesario que declare el Valle», insistió el día de la entrega de firmas.

Durante esta cruzada pro Valle, la Fundación Española de Abogados Cristianos presentó en abril un recurso contencioso-administrativo contra el pliego técnico para la resignificación del complejo.

En diciembre pasado presentó otra denuncia contra la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, y contra la gerente del Consejo de Administración, María Dolores Menéndez, por un posible delito de daños contra el patrimonio histórico.

Y en febrero de 2024 hizo entrega de 35.041 rúbricas ante la sede de Patrimonio para que actuara contra el «abandono» de Cuelgamuros.