Isabel Díaz Ayuso ha puesto en marcha una cruzada contra lo que ella misma ha denominado “contenidos adoctrinadores” de los libros de texto, editados atendiendo al nuevo currículo educativo incluido en la llamada ‘Ley Celaá’, aprobada por el Gobierno.

La presidenta de la Comunidad ha anunciado que revisará “de forma pormenorizada y urgente” el contenido del material escolar para el próximo curso e, incluso, que pedirá amparo a Europa si es necesario. Desde la dirección nacional del PP en Génova, y otros ejecutivos autonómicos, sin embargo, prefieren marcar distancias con esta estrategia.

De hecho, solo el gobierno de Murcia presidido por el también popular Fernando López Miras ha decidido seguir los pasos de la dirigente madrileña y analizar el contenido de los libros de texto para el nuevo curso.

El anuncio, en todo caso, fue mucho menos contundente que el protagonizado por Ayuso. Fue la consejera de Educación regional, María Isabel Campuzano, la que confirmó esa revisión… tras ser preguntada en una rueda de prensa.

El gobierno de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, por su parte, ya anunció el pasado mes de abril que mantendría los libros de texto del curso 2021/2022 para el próximo curso al no dar tiempo a editar nuevos adaptados al nuevo currículo de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE, por lo que ha aplazado ese debate hasta los próximos meses.

El resto de gobiernos autonómicos del PP -Galicia, Castilla y León y Ceuta- han anunciado la adaptación de los temarios, pero no se han sumado, al menos de momento, a la inspección protagonizada por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

No hay, por tanto, una acción coordinada por parte de todos los ejecutivos regionales presididos por el Partido Popular.

Génova marca distancias

Así lo confirman, de hecho, fuentes de la dirección nacional del PP. Desde Génova 13, explican estos cargos a Vozpópuli, no se prepara ningún tipo de pronunciamiento, ni a favor ni en contra, de la ofensiva de Ayuso contra los ‘libros adoctrinadores’. Tampoco se va a dar instrucciones al resto de gobiernos autonómicos para que se sumen a esta ofensiva de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Los gobiernos autonómicos son autónomos

En este sentido, desde la planta séptima de Génova explican que “los gobiernos autonómicos son autónomos” y que, por tanto, desde la ejecutiva nacional del PP “no se les tiene que decir qué medidas adoptar”.

Una posición que contrasta con la de la anterior cúpula del partido, con Pablo Casado a la cabeza, que llegó incluso a presionar a los ejecutivos regionales para que bajaran impuestos: “Nadie mejor que un presidente autonómico conoce su sistema fiscal o educativo, por lo que nosotros consideramos que no tenemos nada que decir sobre qué medidas adoptar o no”.

En todo caso, destacan estas mismas fuentes, “el PP, tanto a nivel nacional como autonómico, ya ha dejado clara su oposición a la Ley Celaá y eso se mantiene”. Las herramientas de cada comunidad autónoma para mantener sus competencias y combatir a la Lomloe, añaden, “pertenecen a ellas y no a nosotros”.

Ayuso, por tanto, tiene autonomía para decidir cómo hacer frente a la reforma educativa del Gobierno, pero sin contar con un apoyo explícito de Génova en un momento en el que la presidenta de la Comunidad se ha encontrado con un nuevo obstáculo en sus planes.

El PP, a nivel nacional, ya se ha mostrado contrario a que los alumnos puedan pasar de curso con más de dos asignaturas suspendidas y también rechazan la nueva ‘agrupación’ de asignaturas de la Lomloe en función de su ámbito de conocimiento. No obstante, de momento, la única presidenta autonómica que ha tratado de actuar contra esos contenidos de la Lomloe ha sido Isabel Díaz Ayuso.

(Gentileza de Voz Populi)