El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, está citado a declarar el miércoles como investigado ante el juez Juan Carlos Peinado por un presunto delito de malversación que supuestamente habría cometido durante su etapa en la Secretaría General de Presidencia, cuando se acordó el nombramiento de Cristina Álvarez, la asesora de la esposa del presidente del Gobierno y principal investigada en la causa, Begoña Gómez.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid tiene previsto interrogar a Martín Aguirre el miércoles a las 13.30 horas después de haber admitido a trámite una querella presentada por Vox, que finalmente ha acumulado al procedimiento en el que investiga a la mujer de Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

La querella de los de Santiago Abascal se centra en el nombramiento y funciones de la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez -investigada en la causa- para atender a Gómez, y en la participación que pudo tener en estos hechos Martín Aguirre “por su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021”.

Vox sostiene que el ahora delegado del Gobierno en Madrid era el “responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez”, por lo que el partido le atribuye tanto a él como a Álvarez y Gómez “la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación administrativa”. No obstante, el juez Peinado solo ha apreciado un posible delito de malversación en la actuación de Martín Aguirre.

El instructor entiende que en su caso era pertinente admitir la querella “por su aparente participación en el nombramiento de Cristina Álvarez para el ejercicio de funciones privadas de Begoña Gómez, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y por tanto con fondos de naturaleza Pública”.

El papel de la Fiscalía

Cabe recordar que Álvarez empezó a trabajar en Moncloa en el verano de 2018, cuando Martín Aguirre ejercía como director del gabinete técnico de la Secretaría General de Presidencia; el ahora imputado no asumió el cargo de secretario general hasta julio de 2021.

De hecho, este es uno de los argumentos que esboza la Fiscalía en el recurso que ha presentado contra la decisión del juez de imputar a Martín Aguirre. El Ministerio Público ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que corrija al instructor al considerar que es “incomprensible” que se le investigue.

La Fiscalía defiende que “no puede pretenderse una participación en un nombramiento que alcanzaba los tres años de antigüedad cuando Martín Aguirre es nombrado” secretario general de Presidencia.

En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal incide en que “no hay indicios de la comisión de hecho delictivo alguno” por parte de Martín Aguirre. Y asegura que “imputar a una persona de esta forma directa, por unos presuntos hechos vagos e imprecisos y sin la elemental exposición o motivación, y con incoherencias evidentes, no resulta asumible”.

Testigos

En el marco de esta línea de investigación, relativa al nombramiento de la asesora de Moncloa, está previsto que este miércoles el juez también tome declaración como testigo a Raúl Díaz Silva, quien ejerció como coordinador de personal de Moncloa en 2018.

El instructor acordó su citación después de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, le identificara –a petición del propio Peinado– durante su declaración como testigo el pasado 16 de abril.

El ministro defendió aquel día que la designación de Álvarez en julio de 2018 se realizó conforme fija la ley de contratación de personal eventual. No obstante, se desligó del nombramiento y aseguró que nunca fue superior jerárquico de la asesora de Gómez.

Están citados también para el miércoles, a partir de las 10.30 horas, el responsable de Minsait -filial de Indra- y actual consejero ejecutivo y director general de la tecnológica, Luis Abril; al jefe de proyecto de Google, Miguel Rodríguez Bueno; al vicepresidente de Telefónica, Rosauro Varo; y al responsable institucional y políticas públicas de Google, Miguel Escassi.

Todos ellos comparecerán ante el juez para ahondar en las inversiones de dichas compañías en el ‘software’ de la cátedra extraordinaria Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid del que se habría apropiado Gómez. Acudirán al juzgado después de que directivos y ex altos cargos de dichas tecnológicas explicaran que, por sus funciones, no tenían conocimiento del detalle de dichas inversiones y facilitaran al instructor los nombres de los trabajadores que sí estaban al tanto.

También estaba fijado un careo en el que participaría la propia Álvarez con Alfredo González, la persona que tramitó la propuesta para su nombramiento en Moncloa. Pero el juez lo aplazó porque la asesora no podía acudir, toda vez que tenía un viaje agendado con antelación. Así las cosas, solo declararán Martín Aguirre y Díaz Silva.

Seis imputados

Martín Aguirre se suma a la lista de investigados que ya conforman la propia Begoña Gómez; su asesora Cristina Álvarez; el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache; el directivo del IE Business School, Juan José Güemes; y el empresario Juan Carlos Barrabés.

El juez ha acordado imputar a cuatro de ellos tras tomarles primero declaración como testigos. En el caso de Gómez y de Martín Aguirre, el instructor ha optado por citarles directamente como investigados.

La causa nació en abril de 2024 a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias en la que se acusaba a Gómez de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios -como el investigado Juan Carlos Barrabés- que se presentaban a licitaciones públicas. Posteriormente, el juez ha ido abriendo nuevas ramas en la causa consecuencia de querellas presentadas por Hazte Oír y por Vox.

En la actualidad ya son seis las líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias de Gómez a favor de Barrabés; la contratación de Gómez para codirigir una cátedra y dos másteres en la Complutense; la presunta apropiación indebida por parte de la esposa de Sánchez del ‘software’ de dicha cátedra; la contratación de Gómez para dirigir el IE África Center; el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de Gómez; y la presunta participación de Gómez en el rescate de Air Europa.