El PP y Vox consideran que Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría cometido hasta cinco delitos en su cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, según las conclusiones de la comisión de investigación de la Asamblea. Por su parte, el PSOE defiende que no hubo “irregularidad” y Más Madrid carga contra la “comisión show”.

El Grupo Popular aprecia que hubo un desvío de fondos públicos de la Presidencia del Gobierno para las gestiones de la cátedra de Begoña Gómez, y reclama que se investigue la plataforma tecnológica de medición de impacto, conocida popularmente como el ‘software’ de la cátedra.

Así consta en la propuesta de conclusiones para el dictamen de la comisión de investigación sobre el presunto trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a Begoña Gómez, registrada por el PP en la Asamblea de Madrid y a la que ha tenido acceso Europa Press, y que los ‘populares’ ya anunciaron que remitirían a Fiscalía y a los tribunales.

Este escrito llegará el miércoles a la última sesión de la comisión y, previsiblemente, se aprobará por la mayoría absoluta de los ‘populares’ en la Cámara. Condensa el resultado de los 17 comparecientes que han intervenido en esta comisión desde que arrancase con la mujer del presidente del Gobierno el 13 de noviembre y del rector de la UCM, Joaquín Goyache.

Para el PP la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva fue creada de forma “anómala, acelerada y dirigida desde el Palacio de La Moncloa” al margen de los cauces reglamentarios de la UCM.

“Todo apunta a que se trató de una operación diseñada ‘ad hoc’ para colocar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, en una posición académica de prestigio que no le correspondía ni por formación, ni por vinculación laboral con la universidad, ni por experiencia académica”, remarcan.

Asimismo, pone el foco en la asesora de Gómez Cristian Álvarez y su involucración en “tareas académicas propias de la universidad”, lo que supondría un “uso indebido de recursos públicos estatales con fines personales y un desvío de fondos públicos a destinos distintos de los originales”.

Consideran que se ha evidenciado que hubo una “cadena de decisiones políticas y administrativas fuera de lo común” para la materialización de esta cátedra y que, además, su nombramiento como directora de la misma “vulneró la normativa interna” del centro universitario.

“Ningún otro director de las 54 cátedras extraordinarias de la UCM tenía un perfil similar. Peor aún, se intentó ocultar su falta de titulación y su currículo contenía afirmaciones dudosas, como su supuesta licenciatura en marketing”, lanzan.

Entienden desde el Grupo Parlamentario Popular que Gómez ejerció “en solitario como directora de la cátedra sin codirector que compensara su falta de requisitos” con el objetivo de que la esposa del presidente “figurara como única directora, sin importar la legalidad ni la transparencia del proceso”.

EL ‘SOFTWARE’

También ponen la diana en el desarrollo del ‘software’, cuya gestión, aseguran, estuvo “en manos de Begoña Gómez y su círculo más próximo”. Apuntan que luego se constituyó una empresa “con el mismo nombre” y cuyos fines y actividad coinciden con los de la plataforma.

“La coincidencia de denominación, funciones y liderazgo personal apunta a una apropiación de recursos, conocimiento y reputación construidos en el ámbito público para lanzar un proyecto privado en beneficio propio. Una maniobra que pone en tela de juicio la ética pública y los límites entre lo institucional y lo personal en el entorno del Gobierno”, plantean.

Cargan también contra los másteres de Gómez en los que se seleccionó a docentes externos “de manera arbitraria, sin criterios académicos y con propuestas directas de empresas colaboradoras como el Grupo Barrabés”.

“La falta de transparencia y control quedó aún más evidenciada cuando la cátedra no presentó las memorias académicas ni económicas obligatorias y cuando la gestión de la contratación y facturación de sus servicios y suministros fue irregular y con una inobservancia absoluta de los procedimientos administrativos, provocando finalmente la no renovación del convenio por parte de la Universidad Complutense”, continúan los ‘populares’, que consideran constatado que no hubo “seguimiento real de las actividades, ni justificación del uso de fondos públicos” ni control de los recursos materiales empleados.

Rematan sintetizando que esta cátedra fue creada “para un interés personal”, colocando “una figura sin cualificación colocada en el centro de la vida académica, recursos públicos desviados, normativas vulneradas y silencio desde la Presidencia del Gobierno”.

“Frente a esto, la Asamblea de Madrid ha constatado que sí existen responsabilidades políticas y que el uso partidista de nuestras instituciones educativas debe tener un freno. Lo ocurrido con la Cátedra de Begoña Gómez no puede repetirse. El prestigio de la universidad pública y la confianza ciudadana en las instituciones están en juego”, zanja.

Por su parte, el PSOE y Más Madrid, que abandonaron la comisión de investigación en febrero, se apuntan a las conclusiones en las que niegan toda irregularidad en la cátedra y atacan, cómo no, a Ayuso.