Siguiendo con la línea de conclusiones de ayer sobre El Informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la Cuenta General de 2020 y que pone en su sitio a Susana Pérez Quislant y Eduardo Oria, comento hoy los gastos de inversión…

Y empiezo diciendo que el presupuesto de gastos del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en 2020, el primer año de la pandemia de Covid-19, es un monumento al desastre y la ineptitud.

Sí, fue un año complicado, pero que nadie se atreva a usarlo como excusa: lo que aquí se refleja no es una respuesta a una crisis sanitaria, sino un caos estructural que clama al cielo.

Los créditos definitivos del capítulo de inversiones reales se dispararon un 730% respecto a los iniciales, hinchadas con 55 millones de euros en modificaciones presupuestarias, sobre todo por remanentes.

¿Qué clase de planificación empieza con una cifra y acaba multiplicándola por siete?

Esto no es adaptarse a una pandemia, es no tener ni idea de lo que se hace desde el minuto uno.

El gasto no mejora el panorama. El 47% de las obligaciones reconocidas fue a nuevas infraestructuras y bienes de uso general, y el 31% a reposición, sumando 26,6 millones de euros.

El grado de ejecución, un mísero 42,25%, muestra que ni en un año de emergencia supieron mover el dinero previsto, aunque al menos pagaron el 90,86% de lo comprometido. ¿Aplausos? No, porque eso es lo mínimo que se espera de una administración decente.

El verdadero escándalo está en la gestión, o mejor dicho, en la ausencia de ella.

No hay un área centralizada para las inversiones; cada concejalía hace lo que le da la gana, como si el Covid justificara este desmadre medieval. Y no hay procedimientos escritos en 2020…

Es una vergüenza que en plena pandemia, cuando la eficiencia era vital, no tuvieran ni un maldito manual para saber quién hace qué. El sistema de codificación es un delirio: cada factura con un código distinto según quién la emita. Seguir un contrato es imposible, y en un año donde cada euro contaba, aquello fue un sabotaje a la transparencia.

El inventario es otro esperpento. Las certificaciones y facturas van a patrimonio antes de reconocerse y una vez al año intentan cuadrarlo.

Pero las clasificaciones no coinciden con las cuentas contables, así que buena suerte rastreando algo. Los retrasos son de cárcel: certificaciones como la pasarela de la M-503 o las viviendas de VPO de Coca de la Piñera tardaron hasta seis meses en tramitarse. ¿El Covid? No cuela. Eso es pura negligencia que viola la Ley 3/2004 contra la morosidad, generando intereses de demora mientras la tesorería duerme.

Los informes de intervención lo gritan: plazos incumplidos, y nadie hace nada.

Las propuestas de gasto son una burla. En obras, un “es necesario” y listo; en informática se molestan más. ¿Por qué esta doble vara? Huele a desidia o a algo peor.

La cuenta 413, con 1,75 millones pendientes —89% de años previos—, es un tumor que crece desde antes de la pandemia. Y el truco del reconocimiento extrajudicial de créditos (REC) y convalidaciones es de traca: disfrazan gastos como “reajustes de anualidades” y los cuelan sin seguir las reglas. Esto no es una emergencia del Covid, es un abuso sistemático que la pandemia solo ha destapado.

El ajuste de inventario de 11,2 millones por obras terminadas es lo único que parece decente, pero el periodo medio de pago es un bochorno: facturas fuera de plazo en un Ayuntamiento con liquidez. ¡En 2020, cuando las empresas se ahogaban!

No era falta de dinero, era una gestión tan torpe que da asco.

En resumen, el Ayuntamiento de Pozuelo convirtió el primer año de la pandemia en una excusa para exhibir su incompetencia legendaria: planificación nula, descontrol absoluto, sistemas absurdos y una actitud que apesta a negligencia o algo más oscuro.

El Covid no atenúa esto; lo agrava.

Es un insulto a los ciudadanos que pagaron impuestos en medio de una crisis para financiar esta chapuza monumental.

Juan Pozuelo