El Gobierno central sigue adelante con su idea de instalar en la Real Casa de Correos una placa recordando su pasado como Dirección General de Seguridad, en tiempos de Franco. Un lugar donde muchas personas fueron encarceladas y torturadas. El Ejecutivo regional, sin embargo, se niega a que el inmueble que ahora es su sede sea resignificado de esta manera, y por eso planteó alegaciones a esta propuesta, que ahora han sido rechazadas por Moncloa, según ha informado la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa de Consejo de Ministros. Todo apunta a que este tema, como otros, terminará en los tribunales, enfrentando a los ejecutivos central y regional.

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere que este edificio tan emblemático se convierte en Lugar de Memoria Democrática y para eso plantea instalar en él una placa que recuerde su pasado como sede de la DGS en tiempos de Franco. Pero desde el Gobierno regional se oponen, argumentando que esta actividad la ocupó únicamente durante un 15 por ciento del total de su vida útil, mientras que también ha sido Casa de Correos o desde la democracia, sede del Ejecutivo autonómico.

Por eso, quiso frenarlo planteando alegaciones a la propuesta del Gobierno central. Unas alegaciones que ahora han sido rechazadas. Tras eso, el paso que le queda es acudir a los tribunales, tal y como ya había apuntado en su día, al señalar que la medida podía suponer una intromisión del Gobierno central en sus competencias. Un asunto que podría terminar dirimiéndose en el Tribunal Constitucional.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha rechazado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros los argumentos expuestos por Ayuso para rechazar la instalación de esta placa, ya que entienden que «no hay ninguna vulneración de competencias autonómicas» para declarar lugar de memoria democrática la Real Casa de Correos.

El Gobierno responde así al requerimiento de incompetencia realizado por la Comunidad de Madrid, y ha insistido en que «mantiene el expediente».

Fuentes de Sol han anunciado que será la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en persona la que dé respuesta mañana a esta medida del Gobierno central. Lo hará tras la reunión del consejo de Gobierno autonómico, que se producirá el miércoles.

Pero además de las medidas que puedan tomarse, o la respuesta política que se dé, el Ejecutivo regional también ha tomado ya acciones para intentar blindar la sede de la Presidencia autonómica. Concretamente, dentro de la Ley Ómnibus, aprobada en el último pleno del año 2024 con los votos de PP.

En esta ley se dio luz verde a medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid, que incluye una enmienda de los populares para reforzar la protección de la Real Casa de Correos e impedir que se pueda poner una placa sin autorización de la Comunidad.