El PP ha presentado en el Congreso una iniciativa con la que busca recabar los apoyos de otras formaciones con cargos locales para forzar al Gobierno a derogar la obligatoriedad de la aplicación de la tasa de residuos en todas las localidades, que entrará en vigor el próximo 10 de abril.

Los de Alberto Núñez Feijóo llevan esta proposición no de ley –iniciativa no legislativa– al Congreso después de que hayan elevado esta reivindicación también al Senado y a todos los ayuntamientos, así como a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Según el texto de la iniciativa, el PP solicita el respeto a la autonomía municipal y el reconocimiento de la libertad de los ayuntamientos para establecer sus propios tributos.

En este contexto, introducen un segundo punto con el objetivo de conseguir el apoyo de formaciones con cargos municipales que han criticado esta medida para tratar de derogar la obligatoriedad de la implantación y aplicación de la tasa de residuos al cien por cien de los municipios.

A su vez, el PP exige al Gobierno realizar un estudio para definir el coste del servicio, algo que también ha sido solicitado por la FEMP en una declaración aprobada recientemente en contra de esta nueva tasa de residuos.

INSEGURIDAD JURÍDICA

En la exposición de motivos, el PP se remite a la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local, que alertaba de que la regulación sobre esta tasa es escasa e insuficiente y que el Ministerio de Hacienda “debería poner orden”.

“De lo contrario, generará una situación de gran inseguridad jurídica, foco de litigios, que puede dar origen a cientos de recursos. La tasa está suponiendo un quebradero de cabeza para los ayuntamientos, encargados de su aplicación”, añade el PP.

Tal y como desgranan, muchos ayuntamientos vienen financiado todo o parte de los servicios de basuras con recursos generales del presupuesto municipal, “pero ahora no podrán hacerlo, pues tienen la obligación de cubrir con la tasa el 100% del coste del servicio de basuras, porque la tasa no puede ser deficitaria”.

“Con esta ley, carente de sentido práctico, los Ayuntamientos se ven obligados a repercutir al ciudadano el impuesto, cuando lo realmente necesario era establecer mecanismos que permitieran a los entes locales, como responsables de la gestión, hacer frente a los nuevos retos y compromisos, avanzar hacia la sostenibilidad, sin que ello suponga un incremento de la presión fiscal sobre el ciudadano que, a su vez, debe ser copartícipe de las soluciones”, sentencia el PP.