El caso David Azagra, que es así como se hace llamar el hermano de Pedro Sánchez para pasar desapercibido, terminó de estallar este miércoles con el registro ordenado por la jueza instructora de Badajoz en dependencias de la Diputación pacense. Que es la administración que le hizo un contrato de alta dirección, teóricamente sin posibilidad de teletrabajo.

La noticia pilló al presidente del Gobierno de viaje en Washington, donde participa en la Cumbre de la OTAN. Era lo que le faltaba al presidente para redondear el retrato familiar: su mujer está imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y tendrá que declarar el viernes 19 de julio ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado.

Su hermano está inmerso en una investigación del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz por posible tráfico de influencias, malversación, prevaricación y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social. Investigación que también puede acabar con su imputación formal, después del paso dado por su titular, Beatriz Biedma, al ordenar a la Guardia Civil el registro.

La respuesta de Sánchez a ambos no se hará esperar. El avance de las dos investigaciones se produce en plena cuenta atrás.

El miércoles de la próxima semana, el presidente comparecerá en el Congreso para anunciar lo que ha llamado «plan de calidad democrática», que para la oposición no es más que un ajuste de cuentas o, directamente, una «caza de brujas». Porque no será precisamente una reforma de la ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, que sirviera para endurecer los controles sobre los intereses familiares e incompatibilidades de esos altos cargos. Todo lo contrario.

El líder del Ejecutivo está decidido a promover la reforma de dos leyes orgánicas y una ley ordinaria ondeando la bandera de la lucha contra la desinformación y los bulos y la defensa de la prensa seria. Se trata de la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación (ambas son de los años 80) y la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El presidente y su equipo velan armas hasta entonces. Siguen sin adelantar ningún detalle del contenido de las reformas, más allá de esgrimir que estarán inspiradas en el reglamento europeo 2024/1083, conocido como la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, que entró en vigor a principios de mayo y es de obligado cumplimiento para los países miembro. No obstante, esa norma se aprobó para reforzar la independencia de los medios -además de su transparencia-, lo que no parece el mismo objetivo de Sánchez, a juzgar por sus declaraciones.

El PSOE está negociando el alcance de las medidas con Sumar. Los de Yolanda Díaz quieren aprovechar este plan de «regeneración democrática» -así lo ha llamado también Sánchez- para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, que denominan despectivamente ley mordaza. Aunque eso quedaría para un segundo paquete de medidas, según fuentes gubernamentales.

Por lo pronto, y como adelantó El Debate el 2 de julio, lo que Sánchez tiene en mente es modificar el derecho al honor, el de rectificación y las normas de la publicidad y la comunicación institucional a través de una proposición de ley del grupo parlamentario socialista que éste registraría en el Congreso ya en septiembre; en lugar de un proyecto de ley del Consejo de Ministros.

Esta fórmula le permitiría a Sánchez acortar los tiempos, evitar cualquier contestación por parte de los órganos consultivos del Gobierno y, además, ahorrarse trámites como los de consulta pública previa y audiencia e información públicas. De manera que ni siquiera las asociaciones de prensa podrían presentar alegaciones.

Según lo poco que ha trascendido, una vez que el presidente presente el plan el próximo miércoles, el Ejecutivo abrirá una ronda de contactos con los grupos parlamentarios para que hagan propuestas. Podemos pide que se cree un Consejo del Derecho a la Información, que determine cuáles son las noticias falsas y elabore una lista negra de medios y periodistas.

(Gentileza de El Debate-Ana Martín)