El Gobierno quiere que el PP esté callado mientras la mayoría del Tribunal Constitucional afín al PSOE procede al borrado de la sentencia de los EREs que emitió la Audiencia Provincial de Sevilla en 2019 y ratificó el Tribunal Supremo en 2022.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes subió este miércoles un peldaño más en los reproches que el Ejecutivo viene haciendo al principal partido de la oposición en las últimas horas. Ello después de que, el martes, Alberto Núñez Feijóo reiterara en Onda Cero algo que ha afirmado en incontables ocasiones en los últimos meses; entre ellas, en dos entrevistas con El Debate en enero y mayo: no confía en la imparcialidad del TC.

Aprovechando la inauguración de un curso de verano en El Escorial, Félix Bolaños acusó al PP de situarse en la «ultraderecha» con su cuestionamiento del órgano que preside Cándido Conde-Pumpido. «Esta cacería del PP contra el Tribunal Constitucional le sitúa fuera del sistema institucional, que es lo que hacen los partidos de ultraderecha, y es muy preocupante para nuestra democracia», sostuvo.

Bolaños presumió de que, a diferencia del PP, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene «una hoja de servicios de respeto» a las decisiones del Constitucional y de los tribunales. Una afirmación fácilmente desmontable, porque él mismo protagonizó el choque más sonado del sanchismo con el TC. Antes de que la corte de garantías tuviera mayoría de izquierdas, al final del mandato del conservador Pedro González-Trevijano.

Ocurrió el 20 de diciembre de 2022. El TC aceptó unas medidas cautelarísimas que había solicitado el PP para impedir que se debatiera y votara en el Pleno del Senado la reforma de dos leyes orgánicas -las del Poder Judicial y del propio Constitucional-, que los socialistas habían metido con calzador en una proposición de ley: la de reforma del Código Penal para derogar el delito de sedición y rebajar el de malversación.

En torno a la medianoche compareció en la Moncloa el propio Bolaños para cargar contra el TC: «La decisión más grave del Constitucional ha sido adoptada en un tiempo inusualmente breve y con la mayoría más exigua, seis votos frente a cinco», protestó. «El Tribunal Constitucional ha detenido la acción legislativa de los representantes legítimos del pueblo español. Algo que no ha sucedido nunca en los últimos 44 años y que afecta a los fundamentos de la separación de poderes», continuó.

Aquella noche también compareció el presidente de la Cámara Alta, el socialista Ander Gil, que no fue menos duro: «En 44 años de democracia, jamás se había despojado a las Cortes Generales de su facultad de legislar. Su inviolabilidad queda de este modo seriamente comprometida», denunció.

El Constitucional ni siquiera entraba en el fondo, solo en la forma. Los populares sostenían en su recurso que el atajo suponía «un atentado a la separación de poderes, una quiebra grave del Estado de Derecho y son indiscutiblemente incompatibles con la Constitución». Y el máximo intérprete de la Carta Magna entendió que así era.

Los socialistas se comportan como si aquel episodio nunca hubiera existido. La diferencia sustancial es que entonces no tenían mayoría en el TC. Ahora sí.

(Gentileza de El Debate-Ana Martín)