El Gobierno de Pedro Sánchez está permitiendo que inmigrantes ilegales adultos se hagan pasar por menores de edad, según confirman desde la Comunidad de Madrid. Fuentes consultadas por OKDIARIO aseguran que el beneficio que obtienen estos inmigrantes con ello es «no estar expuesto a la expulsión, estar cubiertos por los recursos educativos, permanecer en los centros, etc.». A eso se suma que, de esta forma, sería la Comunidad quien tendría que asumir la responsabilidad de los inmigrantes, ya que los menores dependen del Gobierno regional y los adultos del Ejecutivo central.

Las mismas fuentes indican que la forma de proceder es similar a la del centro de acogida del acuartelamiento Primo de Rivera en Alcalá de Henares: cuando comunican el número de menores de edad que hay en el centro, se basan en el número de inmigrantes que «verbalizan» no tener 18 años. La cifra está respaldada, únicamente, por la palabra dada.

De hecho, los responsables del conocido como «CIE encubierto» aseguraron que los menores -es decir, las personas que habían «verbalizado» ser menores- estaban separados de los adultos, aunque en una visita al centro se pudo comprobar que «estaban todos juntos», aseguran.

En los casos en los que existen dudas sobre la edad de los inmigrantes que aseguran ser menores, es la Fiscalía la que «decide si lo son o no, aunque obviamente no es inmediato». Por tanto, «hay un periodo de tiempo en el que esos menores dudosos siguen en el centro, mientras la Fiscalía comprueba si tienen 18 años».

Menores en la calle

La Comunidad de Madrid se enfrenta a otro problema, el de los menores que están siendo trasladados como adultos, tal y como indicó este mismo martes en el pleno de la Asamblea Ana Dávila-Ponce de León, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. En ese caso, la problemática es que «cuando cumplen un tiempo en el centro, los sueltan y se tienen que buscar la vida, así que tienes a chavales de 16 años en la calle», indican por su parte las fuentes consultadas por OKDIARIO.

Añaden que el Gobierno suele decir que éstos tienen «una red» de seguridad en España, normalmente «familiares», aunque lo cierto es que «no pueden trabajar, están en un país que no conocen y no suele existir ninguna red».

«El problema no son los menores que llegan a nuestro país. El problema es que el Gobierno de España no cumple con sus obligaciones. Solo Sánchez y sus ministros pueden frenar esta situación, que es dramática y que debe parar ya», ha dicho por otro lado la consejera de Asuntos Sociales en el pleno, en el que ha calificado el pasado 2023 como «un año negro en los datos de personas fallecidas en la llamada ruta canaria»: «Se estima que más de 6.000 personas murieron intentando llegar a Canarias en pateras o cayucos de las cuales, más de 380 serían niños».

Ana Dávila-Ponce de León también ha expuesto cómo se «está sometiendo a una presión sin precedentes» a los centros madrileños, una situación que a la vez pone «en riesgo el sistema de protección, y a los propios menores». La situación es tan grave que en la región, desde el 1 de enero de 2024 hasta el momento, se han atendido a más de 1.000 menores extranjeros no acompañados, casi tantos como en todo el pasado año, según los datos de la Comunidad.

«Lo hacemos sacando recursos hasta de debajo de las piedras, porque Madrid no deja tirado a nadie. Ellos no tienen la culpa, en absoluto, de la irresponsable política migratoria del Ejecutivo de Sánchez marcada por la propaganda, la inacción con los países de origen, el reparto disimulado de inmigrantes y una sonrojante deslealtad institucional con ayuntamientos y comunidades autónomas», ha denunciado la titular de Asuntos Sociales.

Recientemente, fuentes consultadas por este medio denunciaron que el Gobierno de Sánchez aumentó el número de plazas para inmigrantes ilegales (cerca de 300 más) en el CAED de Alcalá de Henares, sin avisar al Ayuntamiento. Otra de las denuncias que se trasladan es la opacidad del Ejecutivo con las cifras en este centro, dado que si acoge a 1.400 personas, necesitarían, al menos, dos carpas más. Al no ser claros con la información, existen dudas sobre si se encuentran hacinados, porque no se tiene constancia de que se hayan instalado las dos carpas. En la actualidad, en el CAED hay 91 inmigrantes que han verbalizado ser menores.

Esta redacción se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, que se queja «de conocer la información de rebote y no poder reaccionar correctamente para asistir a los inmigrantes». «Si hay más personas, se necesitan más instalaciones o más espacio, más comida, etc.», sentencian.

(Gentileza de OkDiario-Paula M. Gonzálvez)