El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) interpondrá una denuncia administrativa y otra penal en relación a la presunta vulneración del secreto de las comunicaciones de un colegiado, Carlos Neira, en relación a la revelación de datos en la investigación relativa a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En una rueda posterior a la Junta de Gobierno, el decano de los abogados madrileños, Eugenio Ribón, ha anunciado acciones legales en defensa del abogado de Alberto González Amador al revelarse el pasado jueves en una nota informativa de la Fiscalía de Madrid el supuesto ofrecimiento de un pacto por parte de este letrado en el marco de las diligencias de investigación relacionadas con un presunto fraude fiscal.

URGENTE| El Colegio de Abogados de Madrid denunciará a la Fiscalía por filtrar los correos de la pareja de Ayuso:

“Estos hechos son de extrema gravedad. Se ha producido una ruptura sin precedentes en el marco del derecho a la defensa y han infringido su propio estatuto”. pic.twitter.com/qzqr4jD18S

— Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) March 18, 2024

“Ambas denuncias persiguen la identificación de los autores de estos hechos para depurar responsabilidades”, ha subrayado el decano del ICAM, que ha estado acompañado por varios miembros de la Junta de Gobierno. Ribón ha destacado que hay dos supuestos delitos que pivotan sobre la actuación de la Fiscalía Provincial de Madrid como es la violación del secreto y la infidelidad en la custodia de documentos, tipificados en el artículo 417 del Código Penal.

El decano ha recalcado que dicha nota supone “una vulneración sin paliativos del artículo 4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece como pauta general de actuación el respeto a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados”.

En un comunicado, el Colegio de la Abogacía Madrileña tachó la semana pasada de “extrema gravedad” la supuesta revelación de “datos concretos”, detallando “fechas y contenido de conversaciones y reuniones, produciendo todo ello una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados”.

Tras hacerse público este comunicado el fiscal general pidió una reunión tanto al decano del ICAM como a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega. El encuentro se produjo a las 11 horas del pasado viernes en la sede del Ministerio Público y a él asistió también la fiscal jefa provincial de Madrid Pilar Rodríguez. Según desveló El Mundo, el fiscal trató de frenar esta crisis proponiendo a Ribón y Ortega firmar un comunicado conjunto donde se recogieran y pusieran en valor los principios fundamentales que rigen en la actuación del Ministerio Público y la Abogacía. Ambos se negaron. Poco después, El Mundo desveló que la orden de hacer público ese comunicado de la Fiscalía de Madrid partió del propio fiscal general del Estado.

El ICAM se desvincula del Protocolo de Conformidades

Ribón ha iniciado la comparecencia mencionando el artículo 24 de la Constitución, que establece que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. Al hilo, ha recalcado que “el derecho de defensa, al que se deben los abogados, es sagrado e inviolable: es una garantía para la sociedad, pieza básica del Estado de Derecho y un principio fundamental sobre el que se asienta nuestro sistema de justicia”.

El Colegio considera que con la nota difundida la Fiscalía vulneró su propia normativa, “que establece, como pauta general de actuación, el respeto a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados, tal y como resulta del artículo 4, apartado Quinto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal así como el protocolo que regula los acuerdos de conformidad”.

Por ello, ha anunciado que el ICAM, hasta que no se establezcan mecanismos reforzados de confidencialidad, se desvincula del Protocolo de Conformidades, instando a “una revisión del actual protocolo dada su inadecuación” conforme a lo sucedido al considerar que “el secreto de sus comunicaciones no parece estar garantizado”.

Además, el Colegio presentará una denuncia formal que inicie un procedimiento administrativo sancionador contra aquellos que hayan infringido gravemente lo estipulado en el artículo 62 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Según recuerda, dicha normativa “sanciona expresamente la divulgación indebida de información por parte de cualquier miembro del Ministerio Fiscal, información obtenida durante o por motivo de sus funciones, especialmente cuando dicha revelación perjudica la integridad de los procesos judiciales o afecta a cualquier individuo involucrado”.

Para el ICAM, “se ha constatado una violación flagrante, por parte de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid, del artículo 4.5 de su Estatuto, que exige un estricto cumplimiento de los deberes de confidencialidad y discreción, salvaguardando los derechos de los afectados”.

Por último, se dará instrucciones a los Servicios Jurídicos del ICAM para la presentación de la correspondiente denuncia por las posibles responsabilidades penales que hubiere podido hacer lugar por razón del Comunicado Oficial de la Fiscalía Provincial de Madrid, y en su caso, la personación de este colegio en la causa como parte interesada.

A preguntas sobre filtraciones a medios de comunicación, ha replicado que cualquier revelación es “indeseable” pero “el ICAM no puede darle “trascendencia jurídica”. “Otra cosa es un comunicado oficial en el que se detalla con todo lujo de detalles los pormenores de estos datos”, explicó sobre el comunicado con membrete de la Fiscalía de Madrid.

(Gentileza de Libertad Digital)