Otro contrato del Ministerio de Sanidad de Salvador Illa bajo sospecha. La Fiscalía Europea investiga si hubo prevaricación y malversación de fondos europeos por la adjudicación de más de 10 millones por 500.000 batas desechables a la empresa china Weihei Textile Group. El Ministerio de Salvador Illa pagó un precio 50 veces superior al que se podía conseguir entonces en el mercado por el mismo producto. Por si fuera poco, Vozpópuli ha podido constatar que Weihei Textile Goup no se encontraba en el listado de empresas recomendadas por el Gobierno chino para operar en su país durante la pandemia de coronavirus.

Fuentes cercanas a la Embajada China en España manifiestan a este periódico el descontento diplomático que provocó que el Gobierno de Pedro Sánchez no siguiera los consejos del Ejecutivo pekinés, buscando proveedores por su cuenta y riesgo en el salvaje mercado en que se convirtió la potencia asiática.

El Gobierno de Sánchez tuvo un enfrentamiento público con la Embajada de China a cuenta de los test que se compraron a Shenzhen Bioeasy Biotechnology y que resultaron ser defectuosos. “El Ministerio de Comercio de China ofreció a España una lista de proveedores clasificados, en la cual Shenzhen Bioeasy Biotechnology no estaba incluida”, manifestó públicamente en su cuenta de Twitter.

La Fiscalía Europea decidió investigar el contrato de emergencia con Weihei Textile Group después de conocer por la Fiscalía Anticorrupción de que esa compra se realizó íntegramente con fondos europeos. El 27 de marzo de 2020, la dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) adjudicó a esta empresa china un total de 10.192.695 euros por adelantado y a dedo para adquirir medio millón de batas desechables.

El precio de las batas ascendía a 16,7 euros por unidad. Una cantidad muy superior a la que en las mismas fechas ofrecieron otros proveedores por el mismo suministro. No solo otras instituciones obtuvieron mejor precio, también el propio Ministerio de Sanidad halló batas más baratas que las de Weihei Textile Group.

Entre el 20 y el 27 de marzo, el Gobierno cerró contratos de compra de batas desechables con Medline International Iberia y con Suministros Hospitalarios, dos empresas españolas que ofrecieron el mismo material por 0,3 euros y 0,2 euros la unidad.

El precio adjudicado a Weihei Textile Group multiplicaba por entre 52 y 60 veces los precios de mercado entonces existentes. La adquisición de 500.000 batas hubiesen tenido un coste, como apunta la denuncia del PP en Anticorrupción, de entre 139.150 y 163.150 euros frente a los 10 millones que se pagó por esta empresa china de haberse acudido a los precios que ofrecía el mercado. El sobrecoste de 10 millones de euros que se pagó supone un 625% más que el precio por el que se podían haber adquirido las batas.

En la denuncia interpuesta en Anticorrupción se especifica que “no consta que hubiese una comprobación, tal y como determina el Consejo de Estado o el Tribunal de Cuentas, de la correlación del objeto social de la empresa con el de los contratos, o su solvencia económica, a la hora de comprobar la idoneidad de la empresa para ser adjudicatario”.

FSC Select Products también bajo la lupa de la Fiscalía

La Fiscalía Europea también investiga al proveedor de confianza de Salvador Illa, FSC Select Products, una empresa especializada en la fabricación de artículos de marketing de bebidas alcohólicas a la que se pagó por adelantado más de 260 millones de euros para traer mascarillas. Es siete veces más que lo que se pagó a la empresa de la trama Koldo, Soluciones de gestión y apoyo a empresas.

La administradora de la empresa, Mayra Dagá Castillo, fue condenada en 2016 por un delito de estafa agravada. La denuncia expone que la razón la que Sanidad escogió a este proveedor podría deberse a una posible “relación de amistad” entre los administradores de FCS Select Products e Illa debido a su coincidencia en el municipio de La Roca del Vallés, del que el líder del PSC fue alcalde.

La denuncia presentada en Anticorrupción recoge también a Member of the Tribe, una empresa con sede en Barcelona a la que Illa confió la recepción de 52 millones de guantes de nitrilo por más de 5 millones de euros que se abonaron por adelantado. Ni un solo guante llegó a la península, y a día de hoy esos 5 millones de euros es dinero perdido para las arcas públicas.

La diputada de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, Anna Grau, ha solicitado la comparecencia de Illa en la Comisión de Acción Institucional para que dé explicaciones sobre estos y otros contratos que están bajo la lupa de la Fiscalía Europea. “Con Salvador Illa no puede haber oposición seria y creíble en el Parlament mientras no dé explicaciones de la trama Koldo, de lo de FCS Select Products, de los cinco millones de guantes fantasma…”, aseveraba Grau esta semana en rueda de prensa.

(Gentileza de Vozpópuli-Borja Negrete)