La trama desvelada esta semana con las supuestas mordidas en contratos para la compra de mascarillas ha alcanzado de pleno al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, detenido tras una amplia investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: los investigadores sospechan que los miembros de la red se habrían lucrado a partir de la importación de material sanitario durante la pandemia a través de una empresa que no contaba con experiencia en el sector, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas; una compañía que, además, suscribió otros acuerdos similares con otros órganos de la administración.

Destacan, por montante económico, los contratos adjudicados por los Gobiernos autonómicos de Islas Baleares e Islas Canarias, entonces liderados por la hoy presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y por el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

El acuerdo suscrito por el Servicio de Salud de Islas Baleares con la empresa Soluciones de Gestión, actualizado en la Plataforma de Contratación en mayo de 2020 -durante los peores compases de la pandemia del coronavirus-, suponía la adquisición de mascarillas FFP2 por un importe total de 3,7 millones de euros. La licitación se tramitó por la vía de emergencia y se negoció sin publicidad.

Esta compañía fue la única que concurrió al concurso: el Gobierno de Francina Armengol adjudicó a dedo el contrato, negociando directamente con la empresa las condiciones económicas y las cláusulas específicas para la entrega y suministro del material fitosanitario.

El procedimiento es idéntico al que concurrió en la adjudicación que el Gobierno de Islas Canarias, con Ángel Víctor Torres al frente, otorgó a la empresa Soluciones de Gestión. En mayo de 2020, el Servicio Canario de la Salud adjudicó a esta compañía la compra de mascarillas por un valor total de 6,87 millones de euros. También se gestionó sin concurso público y se negoció sin publicidad.

Mascarillas que no cumplían los estándares

En éste último caso se detectó, además, una serie de contratiempos, después de confirmar que uno de los lotes suministrados no cumplía con los estándares de calidad previstos inicialmente, por lo que no podían considerarse mascarillas con nivel de protección FFP2.

Una circunstancia que obligó a modificar el contrato suscrito inicialmente, recogiendo una cláusula donde se establecía que, “a la vista de los citados informes”, la empresa Soluciones de Gestión SL proponía “como compensación por dicha situación ofrecer al Servicio Canario de la Salud las mascarillas entregadas y catalogadas como no aptas para FFP2 valorándolas como mascarillas quirúrgicas al precio de mercado del mes de abril, fecha en que se produce la entrega del material en el Hospital Universitario de Canarias, y completar el pedido hasta alcanzar el importe de los 2.094.500 € con 555.000 mascarillas de FFP2 NR modelo SBL902 del fabricante ANHUI SUBOLUN GARMENT”.

La trama investigada

Los investigadores de la UCO sospechan que Koldo García Izaguirre, quien fuera mano derecha de José Luis Ábalos, formó parte de una trama que se lucró mediante la adquisición de material sanitario a través de los contratos adjudicados a esta empresa. Las pesquisas se enmarcan en unas diligencias que se siguen en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y que se coordinan con la Fiscalía Anticorrupción. En total han sido detenidas 20 personas y se han practicado 29 registros.

Fuentes fiscales confirman a Vozpópuli que estas diligencias derivan de una investigación que nació en Anticorrupción relativa a los contratos a Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, una firma de Zaragoza que pasó de facturar cero euros a más de 50 millones en plena pandemia.

El Ministerio de Transportes le adjudicó sendos contratos por valor de 24,2 y 12,5 millones de euros (un total de 36,7 millones); acuerdos con los que la red desarticulada por la Guardia Civil se habría beneficiado a través de mordidas. Además, el Ministerio del Interior acordó con Soluciones de Gestión otra compra de mascarillas, en este caso por valor de 3,7 millones de euros.

Como administrador del proveedor de confianza de Ábalos figuraba la sociedad Purdey Investment S.L., administrada por José Ángel Escorial Senante. Su nombre aparece en la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que investigó los Papeles de Panamá, supuestamente por tener empresas offshore en Malta.

(Gentileza de Vozpópuli-Gonzalo Araluce)