La Comunidad de Madrid se ha negado por escrito ante el Gobierno Central a seguir recibiendo menores migrantes no acompañados trasladados desde otras regiones. En una carta enviada al ministro Ángel Víctor Torres, la consejera Ana Dávila deja claro que Madrid no aceptará nuevos traslados al amparo del Real Decreto-ley 2/2025 porque, a su juicio, el sistema ya no tiene respaldo legal.

“Su ministerio pretende ahora prolongar de facto un mecanismo extraordinario que ya carece de cobertura jurídica”, sostiene la consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud. Por eso, avisa de que cualquier nuevo traslado fuera de los protocolos vigentes “supondrá una actuación contraria a derecho”.

En el escrito, la consejera responsabiliza directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez de la situación migratoria que sufren de manera “injusta” Canarias, Ceuta y Melilla, Baleares, Andalucía, Murcia, Valencia y la propia región de Madrid. Según expone, son estas comunidades las que han tenido que sostener la presión con sus propios recursos “para atender situaciones dramáticas” mientras el Estado tomaba “decisiones unilaterales” y pasaba “del silencio y la inacción a la imposición”.

“Han puesto en riesgo nuestras capacidades, invadido nuestras competencias y generado un efecto llamada difícil de revertir”, afirma la consejera.

En cuanto a los traslados de menas, Dávila denuncia falta de coordinación y, sobre todo, la toma de decisiones sin tener en cuenta la situación personal de los menores. “Se ha llegado a separar a grupos de hermanos”, asegura la consejera, que también señala casos de jóvenes trasladados a la capital madrileña pese a manifestar tener familiares en otras comunidades o incluso trabajo en su lugar de origen.

Es en ese punto donde Dávila es especialmente crítica con el discurso del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática: “Habla usted de solidaridad cuando no la han practicado en ningún momento”. Incluso añade que solo ha cumplido “cuando se lo ha exigido un tribunal”.

“Resulta especialmente llamativo que, después de haber afirmado públicamente que la situación de contingencia había finalizado y que el sistema había funcionado, su ministerio pretenda ahora prolongar de facto un mecanismo extraordinario que ya carece de cobertura jurídica tras la expiración de los plazos legalmente previstos”, escribe la consejera dirigiéndose a Torres.

Es por eso que la CAM advierte que no va a participar en más traslados si no hay cobertura legal. “No puede ni va a asumir actuaciones que carezcan de amparo normativo”, insiste Dávila. Si el ministerio de Torres sigue adelante con cualquier intento de traslado o reubicación, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso llevará el asunto a los tribunales y “ejercerá todas las acciones legales que sean necesarias en defensa de sus competencias”.