Ante la traición de CCOO y UGT que apoyan el Golpe de Estado de Sánchez, el sindicato Solidaridad ha convocado una huelga general para el 24 de noviembre con el objetivo de mostrar su oposición a la ley de amnistía que ha pactado el PSOE con los independentistas a cambio de sus síes para la investidura de Pedro Sánchez. Este anuncio llega después del éxito de las manifestaciones del 12 de noviembre en las diferentes capitales de provincia de España.

24N: Huelga General

Solidaridad registra una convocatoria de Huelga General para el próximo 24 de noviembre.

¡Paremos España! pic.twitter.com/sxbBZLN9Gj

— Solidaridad (@solidaridad_esp) November 13, 2023

El sindicato ya ha registrado «una convocatoria de Huelga General para el próximo 24 de noviembre», como puede leerse en un mensaje en sus redes sociales. «¡Paremos España!», concluye esta publicación del sindicato.

En su cartel, además de aparecer una bandera de España, la fecha de la huelga y el anuncio de la misma, se llama a los trabajadores a movilizarse «frente a la desigualdad» y «frente a la traición». Ese cartel aparece en una foto que Solidaridad ha adjuntado en su perfil de redes sociales.

Solidaridad comenzó a recoger firmas para poder organizar esta huelga general en las manifestaciones que han tenido lugar frente a la sede nacional del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.

También las han pedido a través de sus redes sociales.

La votación de investidura de Pedro Sánchez tendrá lugar el próximo miércoles y jueves, 15 y 16 de noviembre. El presidente en funciones se ha ganado los votos afirmativos de varias formaciones que le aseguran la mayoría absoluta con 179 síes. Además del PSOE, la apoyarán Sumar, Junts, Esquerra, PNV, Bildu, BNG y Coalición Canaria.

La amnistía que el PSOE ha pactado con los independentistas incluye varios puntos que han despertado el rechazo de las asociaciones del poder judicial, policiales, inspectores de Hacienda y de Trabajo y de la Seguridad Social, entre otros. El que más controversia ha provocado ha sido la inclusión del término lawfare, ya que este término hace referencia a la judicialización de conflictos políticos. Esta es una cesión de los socialistas a la petición de Junts. Por ella, que podría entrar dentro de la amnistía algunos de los políticos que han sido condenados por causas que no están directamente derivadas del referéndum o de la declaración unilateral de independencia de 2017. Los principales beneficiados por ello serían la compañera de partido de Carles Puigdemont, Laura Borrás, y su jefe de gabinete, Josep Lluís Alay.

Además, también fue muy criticada la cesión «integral» del servicio ferroviario de cercanías de Cataluña, conocido allí como Rodalíes. Varios sindicatos de trabajadores convocaron cinco días de paros en ADIF y en Renfe para protestar en contra de esta cesión.

Por último, la condonación parcial de la deuda que Cataluña adquirió con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y que pase a ser de la Generalidad catalana la competencia de la recaudación de impuesto. Esta recaería en la Agencia Tributaria de Cataluña. Esta es una de las principales quejas que suscribieron los inspectores de Hacienda en un comunicado clamando contra los pactos entre el PSOE y los independentistas.