La causa del tito Berni suma nuevas declaraciones. La juez que investiga a la trama por más de una decena de delitos acaba de citar para el 12 de julio a tres imputados. Se trata del abogado Plácido Alonso Peña; la presunta ‘mula’ de la red Rubén Fuentes y Sergio de Frutos Gouth. Este último figura como administrador de la sociedad que regenta una de las salas epicentro de las fiestas donde una noche de abril de 2021 se llegaron a dejar cerca de 11.000 euros.

La magistrada de Tenerife da un nuevo impulso a las diligencias después de adherir nuevos informes policiales y de la Agencia Tributaria. En una providencia de este martes, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la instructora del caso ‘tito Berni’ ordena la comparecencia de los tres investigados para el próximo 12 de julio.

Ese mismo día interrogará también a los dos miembros del Gobierno canario que acaba de imputar en la causa. Se trata del viceconsejero del sector primario de Canarias, Álvaro de la Bárcena Argany, y de la jefa de servicio de este departamento, Margarita González Núñez. Los dos cargos, a los que se les atribuye prevaricación y revelación de secretos, estaban citados para este jueves pero la instructora retrasa su comparecencia a petición de sus abogados para que se instruyan las diligencias.

Prueba caligráfica al ‘tito Berni’

Así pues, el 12 de julio continuarán las comparecencias que arrancan este mismo miércoles y que siguen mañana con el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo y con su sobrino y exdirector general de Ganadería, Taishet Fuentes. Precisamente, en relación con la prueba caligráfica que se les practicará, la juez oficia ahora a la Policía Científica para el control de esta diligencia.

Tras la tanda de esta semana, se reanudarán los interrogatorios el 12 de julio con Plácido Alonso Peña, Rubén Fuentes y Sergio de Frutos. La magistrada les imputó hace apenas unos días, aunque postergó la citación a la espera de recabar el último informe del Área Regional de Vigilancia Aduanera.

La Policía amplía en un nuevo informe las visitas realizadas a ganaderías de Fuerteventura de un empresario, el mediador y el sobrino del tito Berni

En el caso de Plácido Alonso Peña se le preguntará por su vínculo con Antonio Navarro Tacoronte, el mediador, ya que ejerció como abogado suyo. Tacoronte solicitó sin éxito que se le citase como testigo para poder demostrar que no tiene nada que ver con esta red, la cual habría percibido mordidas de empresarios a cambio de ayudarles con los problemas con la Administración.

Precisamente, Rubén Fuentes, el segundo imputado que desfilará por el juzgado el 12 de julio, lo hace en su condición de “intermediario financiero”. La Policía le presenta como ‘mula’ de esta presunta organización criminal tras detectar que figuró a nombre de una cuenta bancaria que en realidad controlaba el mediador y que canalizaba pagos de los empresarios salpicados en la trama.

El empresario de las fiestas

En concreto, la Policía sostiene que Fuentes Pérez abrió en enero de 2021 una de las cuentas de la red que recibió cuatro transferencias por importe total de 22.700 euros. En dicha cuenta también aparecen cargos por valor de 100 y de 400 euros que coinciden con transacciones producidas como pago por los servicios de prostitutas en las famosas fiestas de la trama.

El tercero de los citados para ese día es Sergio de Frutos Gouth, administrador de Resdibar. Se trata de la compañía que explota una sala de espectáculos y dos restaurantes; entre ellos La Carmela. Esta es la taberna que se encuentra dentro del hotel Victoria, donde se solía quedar el ‘tito Berni’ durante su estancia en la capital por su cercanía al Congreso de los Diputados.

Al respecto, la juez pidió recientemente detalles de “todos los movimientos” bancarios de la sociedad desde el 1 de enero de 2020 hasta la actualidad. El objetivo es ahondar en las transacciones de dinero con la trama tras descubrir pagos de entrada y salida con los imputados. La Agencia Tributaria detectó que el 13 de abril de 2021 se realizaron dos pagos en La Carmela por un importe de 7.800 euros el primero (a las 18.05 horas) y por 3.000 euros el segundo (a las 20.07 horas). En total, cerca de 11.000 euros en una noche.

A primera hora de ese 13 de abril el empresario que costeó estos servicios, Miguel Poveda, y el mediador, se intercambiaron audios para quedar a comer, remitiendo este último la dirección del Hotel Victoria 4. Durante las conversaciones, el mediador le envió “múltiples imágenes de prostitutas” para contratarlas horas después.

Consta en el sumario fotos de ese mismo día del exdiputado del PSOE “con servicio de compañía” y del día siguiente con el empresario en el Congreso de los Diputados. De hecho, ese 14 de abril el empresario que pagó la fiesta remitió a otro de ellos el ticket con los gastos acompañado del texto ‘increíble”. Su interlocutor le respondió: “Joder”.

Tres nuevos testigos

Estudiando las cuentas destinatarias de estos pagos, se descubrió que el administrador de Resdibar, Sergio de Frutos, había realizado el 12 de abril, un día antes de la fiesta en el hotel, dos transferencias por importe de 25.850 euros a una cuenta vinculada al mediador.

“Ello evidencia la relevancia de los pagos de estas ‘reuniones’ en el hotel Victoria de Madrid donde se alojaba habitualmente el exdiputado, tal y como este declaró y que representan sus pagos y, por tanto, la base del cohecho que se investiga por los pagos en especie que recibe de sus gestiones realizadas para el grupo” expuso la magistrada recientemente, haciendo hincapié de que no se trataban de actos aislados, sino de una “práctica habitual y continua”.

Con todo, a la tanda de citaciones se unen también tres testigos. Se trata de Elizabet Rodríguez Valdivia apoderada de Ganadería Quesos Felipa la Montañeta; Antonio Rafael Cerdeña González de Quesería la Villa y Bernardo Peña Guerra. Los tres comparecen este jueves 29 de junio después de que lo hagan tito Berni y su sobrino Taishet Fuentes.

A todo ello, la causa adhiere también un nuevo informe policial que amplía las visitas realizadas a las ganaderías de Fuerteventura en noviembre de 2020 del empresario Antonio Bautista Prado, el mediador y el sobrino del exdiputado socialista, Taishet Fuentes. Los investigadores sospechan que habrían coaccionado a estos empresarios para que les pagaran mordidas a cambio de interceder en las áreas de Agricultura y Ganadería para solucionar sus problemas.

(Gentileza de Vozpópuli-Gema Huesca)