El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha decidido elevar el tono y exigir de forma inmediata la activación del retorno de 110 menores extranjeros no acompañados cuyos expedientes de reunificación familiar, asegura, permanecen paralizados en la Delegación del Gobierno.

El asunto llegó este miércoles al Consejo de Gobierno de la mano de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, que presentó un informe sobre el estado de las solicitudes de repatriación remitidas al Ejecutivo central. En la Puerta del Sol consideran que el Estado está incumpliendo las competencias que le atribuye la ley y denuncian una “inacción” que, sostienen, ha dejado decenas de expedientes bloqueados durante meses.

La presidenta de la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia, Silvia Valmaña, enviará este mismo miércoles un escrito al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para recordarle que siguen pendientes de activar 110 procedimientos relacionados con la reunificación de menores con sus familias en sus países de origen. El documento reclama al Ejecutivo central que actúe y cumpla con las obligaciones legales que corresponden a la Administración General del Estado.

Pero el escrito va un paso más allá y deja abierta la vía judicial. La Comunidad advierte de que, si persiste la falta de actuación o se produce una negativa “injustificada” por parte de la Delegación del Gobierno, el Ejecutivo autonómico se reserva el derecho a emprender acciones legales.

Desde la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia, órgano técnico encargado de decidir sobre las medidas de protección de estos menores, se defiende que el retorno con sus familias y su entorno social responde al “interés superior del menor”, apoyándose en el artículo 35 de la Ley de Extranjería y en su normativa de desarrollo. Sin embargo, según denuncia la Comunidad de Madrid, hasta ahora no se ha iniciado ningún procedimiento formal de repatriación.

La situación, añaden desde el Gobierno regional, ha provocado que 40 de esos 110 menores hayan alcanzado ya la mayoría de edad sin que su expediente llegara siquiera a tramitarse. Un dato que el Ejecutivo madrileño utiliza para reforzar sus críticas a la gestión del Gobierno central.

En paralelo, la Consejería de Familia ha abierto otro frente relacionado con los recursos de acogida. El departamento que dirige Ana Dávila ha presentado 16 denuncias contra supuestos falsos menores por un presunto delito de estafa agravada, al considerar que habrían accedido de manera indebida al sistema público de protección. Fuentes regionales recuerdan que estas actuaciones ya han derivado en las primeras detenciones.

“No sé si es por incompetencia, no sé si es por desconocimiento, no sé si es simplemente por tratar de erosionar a la Comunidad como Madrid, posiblemente sea por las tres razones juntas y sumadas”, dijo este miércoles, tras el Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo madrileño al ser preguntado acerca de las razones que han llevado a Francisco Martín a ignorar hasta ahora estas solicitudes.

“En cualquier caso, el delegado del Gobierno no está cumpliendo sus funciones y, por tanto, como el delegado del Gobierno no está cumpliendo con la legalidad vigente por supuesto que los servicios jurídicos ya están estudiando las acciones legales oportunas en el caso de que no se atienda este requerimiento”, subrayó Miguel Ángel García.