Esta es la noticia:

“El Gobierno de Pozuelo ha suprimido, por fin, la cita previa obligatoria en las Oficinas de Atención al Ciudadano a partir del próximo viernes 30 de junio. La alcaldesa Paloma Tejero pone en marcha así una de sus primeras medidas para acercar y facilitar la realización de los trámites con el Consistorio a los vecinos.

A partir del viernes, los vecinos ya no tendrán que solicitar cita previa obligatoria para ser atendidos, lo que agilizará la realización de sus gestiones con la administración municipal”.

Comentario:

Y a mí esta medida me parece muy bien. Entre otras cosas porque era escandalosa e ilegal.

La cita previa obligatoria sin motivación que mantenían la alcaldesa Susana Pérez Quislant y el Vicealcalde Eduardo Oria era contraria a derecho y alguien del Ayuntamiento de Pozuelo (Felipe Vilches, como Jefe de la Asesoría Jurídica; Gonzalo Cerrillo, como Secretario general del Pleno; Pilar Garrido, como Coordinadora General o Virginia Núñez como chica sabelotodo) deberían habérselo advertido.

Pero no lo hicieron. En el fondo les parecía bien a todos. Incluso a los sindicatos. A menos bulto, más claridad.  Los derechos de los ciudadanos, que son los que les pagan, era lo de menos.

Y es que, una vez desaparecida la urgencia por razones de salud pública que impuso la cita previa obligatoria, mantenerla sin motivación como se ha estado haciendo en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para los registros y otras oficinas administrativas (dificultando el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos) vulneraba el ordenamiento jurídico aplicable.

Un escándalo y una ilegalidad.

Lo que ahora ha hecho Paloma Tejero ha sido recuperar la idea básica de la que parte nuestro sistema constitucional: la soberanía corresponde al pueblo, del que emanan todos los Poderes del Estado. Y al pueblo, la Administración le puede citar para ser atendido en algo concreto y evitar el colapso del servicio pero no le puede impedir el acceso libre para hablar con dicha administración (por ejemplo Registro General) como era la función de las Oficinas de Atención al Ciudadano.

Y no lo digo yo, lo dice Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En Pozuelo, casi todo se olvidaba o daba lo mismo.

Está bien que Paloma Tejero, como poco, vaya volviendo este Ayuntamiento a la legalidad.

Aunque no sea para tirar cohetes…

Juan Manuel Sánchez