La Comunidad de Madrid vuelve a poner sobre la mesa el bloqueo que mantiene la Delegación del Gobierno sobre la reagrupación familiar de menores extranjeros no acompañados. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha enviado este lunes una carta al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, para exigirle que active los procedimientos relativos a 134 menores cuyos expedientes comenzaron a remitirse desde marzo de 2025.

La reclamación se produce después de que, según el informe elaborado por la Comisión de Protección a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid que acompaña al escrito, no conste iniciado ninguno de esos procedimientos a fecha del 4 de septiembre de 2026. El requerimiento formal que el Ejecutivo autonómico envió a la Delegación del Gobierno el pasado 27 de mayo tampoco habría obtenido respuesta.

El paso del tiempo ha tenido ya una consecuencia irreversible: 53 de los 134 menores han alcanzado la mayoría de edad mientras sus expedientes permanecían sin tramitar. Para la Comunidad, esta circunstancia ha frustrado la finalidad de unos procedimientos cuyo objetivo era precisamente valorar una posible reunificación familiar cuando los afectados todavía eran menores.

Madrid recuerda que los expedientes no fueron remitidos de forma genérica, sino después de una valoración individualizada de los servicios técnicos de protección, que determinaron que el retorno con sus familias y su entorno social, o cuando esto no fuese posible su incorporación al sistema de protección de sus países de origen, podía responder al interés superior de los menores.

El informe invoca para ello el artículo 35 de la Ley Orgánica 4/2000 y su normativa de desarrollo y recuerda que la competencia para iniciar estos procedimientos corresponde a la Delegación del Gobierno, no solo a instancia de la entidad de protección de menores, sino también de oficio.

Más de año y medio sin iniciar los expedientes

La cronología que aporta la Comunidad comienza en marzo de 2025, cuando empezó a remitir los expedientes a la Delegación del Gobierno con una petición razonada para iniciar los procedimientos de reagrupación.

Según el informe, la única actuación comunicada posteriormente por la Delegación consistió en una carta en la que se señalaba que entre septiembre y noviembre de 2025 se habían solicitado informes a las representaciones diplomáticas de los países de origen de los menores, sin que se hubiera obtenido respuesta.

Madrid considera insuficiente esta actuación y recuerda que, paralelamente, el delegado del Gobierno habría manifestado públicamente que estas reagrupaciones familiares no se llevarían a cabo.

Ante la falta de avances, la Comunidad presentó el 27 de mayo de 2026 un requerimiento formal para que la Delegación aclarase expresamente si iba a incoar o no los procedimientos. En caso de negativa, reclamaba que se explicasen los motivos de la decisión conforme al artículo 61.2 de la Ley 39/2015 y que se aportase documentación que acreditase las actuaciones realizadas ante las representaciones diplomáticas extranjeras. Ese escrito, denuncia ahora el Ejecutivo madrileño, tampoco ha recibido contestación.

382 incidencias y 268 denuncias

El informe incorpora además un apartado sobre la situación de los menores incluidos en estas propuestas de reagrupación. Según los datos de la Dirección General de la Comunidad, un número significativo de ellos acumula 382 incidencias, muchas relacionadas con alteraciones de la convivencia, y 268 denuncias, algunas de ellas reiteradas en determinados casos.

El desglose recoge que al menos 25 menores han sido denunciados por uno o varios delitos de robo y más de 40 por delitos de hurto. A estos se suman al menos 13 menores con denuncias por amenazas, nueve por lesiones y ocho por resistencia.

El informe recoge también seis denuncias por delitos sexuales, al menos cuatro por quebrantamiento, tres por daños y al menos una por tenencia ilícita de armas.

La Comunidad subraya que estos datos no describen al conjunto de los menores extranjeros no acompañados, sino únicamente a los 134 casos concretos incluidos en los expedientes remitidos a la Delegación y analizados individualmente por los profesionales de protección.

El Ejecutivo madrileño señala que algunos presentan especiales dificultades de adaptación y, en determinados casos, problemas graves de conducta, consumo de drogas o dinámicas delictivas.

Madrid reclama una respuesta “urgente e individualizada”

A partir de estos datos, el informe considera necesario analizar de manera prioritaria la procedencia de la reunificación familiar para evitar que determinadas situaciones de desarraigo se prolonguen hasta la mayoría de edad.

La Comunidad advierte de que esa demora puede desembocar en situaciones de especial vulnerabilidad y exclusión social, y defiende que la respuesta debe ser simultáneamente educativa y protectora.

En la carta enviada al delegado, Dávila sostiene además que cuando una intervención policial ante conductas delictivas no encuentra después una respuesta puede generarse una percepción de impunidad que perjudique tanto a los menores afectados como al resto. Según la consejera, existe incluso el riesgo de que esas dinámicas terminen influyendo sobre otros jóvenes que inicialmente seguían un adecuado proceso de integración.

En los casos en los que concurren problemas de salud mental, los técnicos de la Comunidad destacan asimismo la importancia del entorno familiar para favorecer la evolución, el tratamiento y la recuperación de los menores.

El precedente de Ceuta

La consejera aprovecha también la situación de los menores en Ceuta para reclamar al Gobierno central un cambio de criterio. Dávila recuerda que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha defendido estos días, ante la situación de los menores en la ciudad autónoma, que su prioridad es que puedan volver con sus familias.

“Es lo que llevamos años solicitando”, sostiene la consejera, que reclama que esa misma prioridad se aplique a los menores que permanecen bajo la protección de las distintas comunidades autónomas, especialmente cuando los servicios técnicos ya han determinado que la reunificación responde a su interés superior.

La Comunidad exige por ello al delegado del Gobierno que tramite los expedientes pendientes y que ejerza las competencias que, según sostiene, corresponden a la Administración central.

El tono de la carta se endurece al final. Dávila acusa a la Delegación de mantener bloqueadas decisiones técnicas adoptadas en función del interés superior de cada menor y advierte de que, si continúan produciéndose incidentes graves sin respuesta, el Gobierno central no podrá alegar desconocimiento de la situación. “La responsabilidad de actuar corresponde a quien tiene atribuida la competencia. Es decir, a usted”, concluye la consejera.

Madrid avisa que continuará reclamando el cumplimiento de la normativa y asegura que llegará “hasta el final” para exigir una respuesta a estos expedientes y proteger el interés superior de los menores.