A unos 40 días de las elecciones, el Gobierno ha iniciado este lunes 12 de mayo los trabajos para tratar de exhumar a más de un centenar de víctimas de la Guerra Civil enterradas en la Basílica del Valle de Cuelgamuros, antes Valle de los Caídos, según lo establecido en la Ley de Memoria Democrática.

El pasado jueves familiares de 128 víctimas, agrupadas en la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos, presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo ante el incumplimiento de una sentencia que en 2016 dio luz verde a la petición de la localización de los restos mortales de los hermanos Lapeña, Manuel y Antonio Ramiro, una familia de Zaragoza, trasladados en 1959 desde Calatayud.

Una intervención “ilegal”

El Gobierno ha informado que las exhumaciones se pueden realizar en virtud de un fallo judicial de 2016 y el dispositivo va a atender 128 reclamaciones.

En conversación con Liberad Digital, Pablo Linares, presidente de Asociación en Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), denuncia que el gobierno de Pedro Sánchez “ha adaptado a su gusto” esta sentencia y que “se están aprovechando del tirón de un auto parcial”.

La sentencia judicial de 2016 hablaba de “la alta probabilidad” de tener localizados los restos de los Lapeña en una cripta del piso tercero, en la capilla del Santo Sepulcro, y, para ADVC, sólo autorizaba a “verificar” si eran ellos y no a su “exhumación” y “mucho menos a la de 128 personas”, por lo que califica la operación de “ilegal”.

Dice el juez:

La situación específica del estado de los restos cadavéricos en el cementerio del Valle de los Caídos debe ser tenida en cuenta, ya que las medidas que se adopten, tendrán que valorar la posibilidad de acceso a la planta tercera, en caso de que sea posible, el traslado de restos garantizándose su integridad, respeto y memoria, la identificación de los columbarios afectados y la posibilidad de práctica de la prueba de ADN. Sólo se procederá a la entrega de los restos cadavéricos una vez identificados por medio de la prueba de los indicadores de ADN.

Según ha podido saber LD, los trabajos no se van a limitar a este tercer piso, sino que han empezado por el primero “y luego seguirán por el segundo”.

Según el portavoz de esta asociación “de los 128 que se ha propuesto exhumar el gobierno” hay “unos 70 aproximadamente que pueden estar en los osarios donde se han iniciado los trabajos”, en la capilla del Santo Sepulcro, pero “los otros 58 están en el resto de la Basílica, por ahí dispersados, es decir, están dando falsas expectativas hasta los propios peticionarios”.

Por otra parte, aquella sentencia obligaba a los descendientes de los hermanos de Zaragoza a correr con todos los gastos, cosa que al parecer no está sucediendo.

Columbarios derruidos y huesos mezclados

Hace unos meses LD mostró en exclusiva el estado de los osarios y las cajas, amontonadas unas sobre otras, “huesos sueltos, están desparramados, hay incluso restos repartidos hasta en tres sitios”. La humedad se ha filtrado en las criptas y los osarios, y algunos columbarios, se han colapsado”, con lo que los restos se han mezclado. La intervención de los forenses es muy complicada, poco precisa. Otros muchos restos de personas cuyos familiares no han accedido a su exhumación tendrán que ser ‘movidos’.

TVE y El País han publicado una imagen del laboratorio forense que se ha instalado en el interior de la Basílica para que 15 expertos puedan trabajar. En esta operación participarán seis forenses, arqueólogos, odontólogos, genetistas y policía científica. Entre ellos Vidal Santos Yusta, forense que certificó que el etarra Bolinaga estaba en fase terminal de un cáncer por lo que se le excarceló contra el criterio de la Audiencia Nacional. Murió más de dos años después.

Según publica El País, “Seguirán el protocolo de Minnesota de Naciones Unidas para garantizar el correcto registro y la cadena de custodia de los restos. Las cajas serán limpiadas con aspiración, examinadas por la policía científica (el exterior) y por los forenses, que decidirán cuál es la mejor pieza (un hueso, un diente…) para tomar una muestra (de ADN). En esta primera fase, de Cuelgamuros no saldrán, en ningún caso, esqueletos”. Informa también de que “aprovecharán la búsqueda de los restos reclamados para limpiar y renovar otras cajas que pudieran estar deterioradas”.

Por ello, esta asociación y otras familias “por su cuenta” van a emprender acciones legales contra el gobierno para “intentar pararlo”, “es una ignominia”. Van a pedir “responsabilidad penal” porque es de “primero de Derecho”, “lo que no puede hacer es meterse en un cementerio a saco”. “Van a delinquir a la hora del procedimiento y van a delinquir a la hora de llevárselos”, denuncia la ADVC.

Estas familias se sienten “ninguneadas”, nadie por parte de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que dirige el ministro Félix Bolaños se ha puesto en contacto con ellos, ni para decirles “que tendrán cuidado con los restos de sus familiares”.

La asociación que preside Linares representa a “258 familias que sí está perfectamente acreditado que los restos de los suyos se encuentran aquí pero que no quieren que se les toque ni que se les someta a prueba de identificación forense para buscar otros restos (los Lapeña) que no está acreditado que se encuentren en este lugar”.

Y concluye, “que yo no digo que no tengan sus derechos, pero no tienen más que los que no quieren que los saquen del Valle. Todos los mismos derechos, ¿no?”. La sentencia de 2016 advierte de que “el derecho reconocido (a la familia Lapeña) no es ilimitado”.

Según el censo del Ministerio de Justicia en el Valle de los Caídos yacen en el Valle los restos de 33.847 personas, 12.410 anónimas. La mayoría están cajas o columbarios colectivos para 14 o 15 cuerpos. Son caídos de ambos bandos de la Guerra Civil, que fueron trasladados entre 1959 y 1983.

En octubre de 2019 fue exhumado Francisco Franco, el pasado 24 de abril le tocó el turno a José Antonio Primo de Rivera, que permanecían desde el año 1959 en el Valle. Asimismo, los restos del general Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina fueron exhumados del templo de la Hermandad de la Macarena de Sevilla el 3 de noviembre de 2022, merced al requerimiento que le había formulado el Gobierno central por la reforma de la Ley estatal de Memoria Democrática.

“Otra vez el comodín del Valle”, dice el entrevistado. Y recuerda que falta algo más de un mes para las elecciones generales. “Es la cuarta o quinta que abren los medios con “por fin comienzan las exhumaciones en el Valle”, “estoy convencido que es para hacer daño gratuitamente”.

Como los trabajos se alargarán más allá del 23 de julio su continuidad dependerá del próximo gobierno.

(Gentileza de Libertad Digital-Nuria Richar)