La Asociación de Fiscales (AF) ha solicitado a la ministra de Justicia Pilar Llop que no dé traslado al Consejo de Ministros de la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos o, subsidiariamente, en caso de haberlo hecho ya, dé traslado al Consejo de Ministros de esta petición a fin de que no acuerde el citado nombramiento, por concurrir causa de nulidad de pleno Derecho.

En un escrito de 11 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la AF señala que “es hecho público y notorio que la Exma. Sra. doña Dolores Delgado mantiene una relación sentimental con don Baltasar Garzón Real, no puede obviarse la actividad profesional que este último desarrolla fundamentalmente a través de dos personas jurídicas: “Ilocad, SL” cuyo objeto es el asesoramiento jurídico y la defensa letrada y, la que aquí más interesa, “La Fundación Internacional Baltasar Garzón” conocida como FIBGAR, acrónimo que la fundación usa y de la que el Sr. Garzón es su presidente”.

“La estructura orgánica y la función constitucional del Ministerio Fiscal no son cuestiones ajenas al Sr. Garzón y que de ambas pretende obtener una respuesta satisfactoria a sus postulados traducidos en denuncias ante la Fiscalía. En efecto, no es en absoluto aventurado señalar que muchas de las denuncias que al amparo de lo dispuesto en la Ley de Memoria Democrática lleguen a la nueva Fiscalía que lleva ese mismo nombre estarán firmadas por FIBGAR o de las plataformas en la que la citada fundación se integra o cualquiera de sus asesores legales, porque este es precisamente su fin”, añade.

“Situar en la cúspide de esa Fiscalía Especializada a la Exma. Sra. doña Dolores Delgado con la función de coordinar y supervisar la actuación de la Fiscalía en materia de memoria democrática y derechos humanos, con la facultad de dictar circulares, instrucciones o dar órdenes para reforzar la unidad de actuación del Ministerio Fiscal allí donde se produzca, desarrollando las oportunas investigaciones y en su caso ejercitando la acción penal, cuando es su pareja sentimental quien viene reclamando, al menos, desde el año 2014, la creación de tal Fiscalía Especializada resulta inadmisible”, apunta el escrito.

Según la AF, “cualquier actuación o doctrina salida de la Fiscalía de Memoria Democrática podrá entenderse inspirada en los postulados del Sr. Garzón y producida en beneficio del mismo, sea de manera directa o indirecta. Y es que sentados los criterios con ocasión de cualquier denuncia el principio de unidad de actuación proclamado en el EOMF determinará la forma de interpretar y actuar de la Fiscalía en todo caso”.

“Durante el proceso vivido por el Sr. Garzón tras su suspensión como Magistrado-Juez y su posterior inhabilitación producida por condena firme del Tribunal Supremo (por otro delito de prevaricación) estuvo permanente acompañado por la Exma. Sra. doña Dolores Delgado, desde el día en que se escenificó la salida de este de la Audiencia Nacional, pasando por la celebración misma del juicio oral. Son también de largo recorrido las colaboraciones de la Sra. Delgado con FIGBAR participando en los cursos que con carácter anual organiza la citada fundación en el pueblo natal del Sr. Garzón, en Torres”, apunta la AF.

“Nulidad de pleno Derecho”

La asociación mayoritaria de fiscales destaca que “la propuesta de nombramiento de la Sra. Delgado García ha incumplido lo dispuesto en el art. 13.1 EOMF, dado que no cuenta con el informe del Consejo Fiscal, por cuanto la mayoría de sus miembros no ha emitido su informe, por causa justificada. A estos efectos, la situación planteada puede ser equiparada a una falta de quorum del órgano, en relación con ese concreto nombramiento”.

“La actuación del Fiscal General del Estado ha incumplido de forma palmaria las reglas esenciales para la formación de la voluntad de un órgano colegiado como el Consejo Fiscal, al decidir de forma unilateral y en contra de la mayoría de sus miembros, que no se sometiera a la consideración del Consejo el cumplimiento de una de sus funciones, como es la apreciación de una causa de incompatibilidad en una de las peticionarias de una plaza de nombramiento discrecional, lo que, a su vez, afectaba al cumplimiento de su otra función consistente en informar los nombramientos de los cargos del Ministerio Fiscal. Con su actuación, el Fiscal General del Estado ha incumplido lo dispuesto en la ya citada regla 4ª del Reglamento de Régimen Interior del Consejo Fiscal, ya que pueden ‘tratarse en el Pleno asuntos no incluidos en el Orden del Día cuando así se acuerde en el propio Pleno’. En este caso, el Fiscal General del Estado ha impedido abordar en el Pleno una cuestión, en contra del criterio de la mayoría de sus miembros”, subraya la AF

“La omisión del preceptivo informe del Consejo Fiscal y el incumplimiento de las normas sobre apreciación de las incompatibilidades de los miembros del Ministerio Fiscal, implica, por tanto, que la propuesta de nombramiento formulada por el Fiscal General del Estado y, en consecuencia, el eventual traslado de la propuesta por el Ministerio de Justicia y/o la resolución del Consejo de Ministros por la que se acuerde el citado nombramiento, incurren en causa de nulidad de pleno Derecho”, concluye.

(Libertad Digital-Miguel Ángel Pérez)