Los gobiernos socialistas tienen fijación con el Valle de los Caídos. Sus leyes de memoria incluyen apartados específicos para el conjunto monumental y planes para destruir su actual estado y revocar el origen del mismo. Es un lugar simbólico en el que confluyen viejas obsesiones y mitos de las izquierdas sobre la Guerra Civil y el franquismo.

Esta misma semana el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, en una entrevista concedida a RTVE decía que “eliminar la Cruz del Valle de los Caídos Caídos es como si te vas Auschwitz y lo primero que eliminas es un crematorio”. Recordemos que el plan del gobierno es “resignificar” el enclave, es decir, desmantelarlo, echar a la congregación de monjes benedictinos, clausurar la Basílica y abrir un Centro de Interpretación de la Memoria, así lo ha bautizado.

El Valle de los Caídos es historia, cultura, arte, arquitectura…, pero sobre todo es política, “una patata caliente”, coinciden todos los implicados en su futuro.

La petición de Vox

Esta semana Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que aunque “la Comunidad de Madrid no tiene responsabilidad en el Valle, puesto que pertenece a Patrimonio Nacional“, si el Gobierno decide “atacar” el “conjunto escultórico, arquitectónico, la cruz incluida, la Comunidad informaría inmediatamente de las medidas a adoptar”. Es más de lo que ningún colega al frente de un gobierno ha dicho sobre Cuelgamuros.

Ayuso salía al paso de la petición la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, que le exigía otorgarle la protección BIC, Bien de Interés Cultural, para que no “se profanen tumbas”.

Dos asociaciones han solicitado la declaración BIC

La Asociación en Defensa del Valle de los Caídos solicitó el BIC por primera vez en el año 2010 y el Servicio Jurídico de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid negó sus competencias porque, “el conjunto monumental Valle de los Caídos forma parte del Patrimonio Nacional” al “ser gestionado por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional”.

En julio del año pasado presentó de nuevo ante el Registro de la Consejería de Cultura un informe discutiendo esa primera resolución que a las pocas semanas también fue rechazado por la Subdirección General de Protección y Conservación de la Dirección General de Patrimonio Cultural señalando que la competencia corresponde al Estado, “al desarrollarse en él servicios de competencia estatal”, es un “servicio público gestionado por el Estado”.

Otra asociación, por la Reconciliación y la Verdad Histórica, también lo ha solicitado.

Pero, ¿puede la Comunidad de Madrid conceder este BIC? ¿Pararía los planes del gobierno?

El centro de la polémica

Madrid tiene su propia Ley de Patrimonio Histórico y las competencias para declarar BIC. El Tribunal Constitucional en la sentencia 122/2014, de 17 de julio dice que

las Comunidades Autónomas tienen competencia para declarar BIC a aquel bien inmueble que, encontrándose en su territorio, goce de valor histórico o cultural, siempre y cuando hayan asumido esa competencia estatutariamente -como es el caso de la Comunidad e Madrid- y (i) no se encuentre expresamente atribuido al Estado, (ii) no esté relacionado con la defensa frente a la expoliación y la exportación ilícita, (iii) estén adscritos a un servicio público gestionado por el Estado o (iv) formen parte del Patrimonio Nacional.

Esta sentencia sirve de base a la Comunidad de Madrid para negar la incoación del BIC porque considera el Valle parte del Patrimonio Nacional o al menos un “servicio público gestionado por el Estado”. Patrimonio vende las entradas para el acceso y es la responsable del mantenimiento del lugar, por cierto, absolutamente deficitario. Están cerradas las tres cafeterías, e mirador de la base de la Cruz, las esculturas dañadas no se reparan, humedades… Por no tener, no tiene ni acceso a minusválidos siendo uno de los monumentos más visitados de la región. Tiene dos certificados del Guinness World Records: la Basílica más larga del mundo, con 260 metros y la cruz más alta, 152 metros.

Pero a la misma sentencia del Constitucional recurren las asociaciones para defender que Madrid sí es competente.

¿El Valle de los Caídos es de Patrimonio Nacional?

La respuesta es no. Pero por poco tiempo. Todas las fuentes consultadas coinciden en que el Gobierno prepara a contrarreloj un Real Decreto Ley para que forme parte del Estado. De hecho esta semana se publicará en el BOE la Ley de Memoria Democrática. Por tanto la polémica tiene sus días contados.

La historia es larga y ha ocasionado que el Valle esté en un “limbo jurídico”, según el presidente de la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos.

La titularidad es de la Fundación (privada) de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Así consta en la ley de 1957,

La Fundación tendrá plena personalidad jurídica para administrar sus bienes, con la única limitación de que las rentas habrán de ser invertidas, necesariamente, en los bienes fundacionales”. “El Valle de Cuelgamuros con todos sus edificios (incluidos los mobiliarios y ajuares), terrenos y accesorios”.

La asociación tiene en su poder varios informes jurídicos con todas las leyes, sentencias e informes del Estado que reflejan la titularidad de la Fundación respecto al lugar. Un informe del Estado de 1998 dice,

La finca denominada “Valle de Cuelgamuros” (así como todos sus edificios, terrenos y derechos accesorios), con la que el Decreto-Ley de 23 de agosto de 1957 dotó a la Fundación de la Santa Cruz del valle de los caídos y de la que forma parte la parcela de 20.000 m2 cuya enajenación motiva la consulta a que responde este informe, no está integrada en el Patrimonio Nacional. Su titularidad corresponde exclusivamente a la citada Fundación.

¿Pero quién gestiona esta Fundación? Está administrada y dirigida por un Patronato compuesto por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional. El presidente de la asociación cuenta que “nunca en la vida” se ha reunido este Patronato.

En la Ley 23/1982, reguladora del Patrimonio Nacional se sigue reconociendo la titularidad de la Fundación respecto al Valle y “los derechos y cargas” al Patronato pero se introduce una novedad, en la disposición adicional tercera,

Se autoriza al Gobierno para, mediante Real Decreto, regular las materias objeto del Decreto-ley de veintitrés de agosto de mil novecientos cincuenta y siete con las finalidades siguientes:

1. a) Adecuar la Fundación a los preceptos de está Ley y establecer el nuevo régimen jurídico de sus bienes, disponiendo, cuando proceda, su integración en el Patrimonio del Estado.
2. b) Proveer, especialmente, al régimen jurídico de los bienes que deban quedar sometidos a la legislación aplicable sobre cementerios y sepulturas.

Hasta hoy nada se ha hecho y por eso es el punto fundamental de la Ley de Memoria Democrática: extinguir la Fundación, que quitaría a los monjes el poder que conservan sobre el lugar, y desconsagrar el cementerio. Ese Real Decreto Ley para cambiar su estatus jurídico, al parecer, es inminente. Entre o no la Comunidad de Madrid, la batalla legal se augura larga y va más allá de la protección monumental. El principal implicado en este asunto es Roma y el Papa Francisco que, de momento, da la callada por respuesta.

El futuro del Valle

Fuentes de la Comunidad de Madrid aseguran a Libertad Digital que “la declaración BIC no aplica ni para impedir que se lleven a cabo las exhumaciones” de los restos ni tampoco impediría que “el Gobierno “resignifique” la Basílica Pontificia por donde se accede a los osarios con las 33.000 víctimas de la Guerra Civil. Explican que la declaración BIC sólo protegería “el continente” y no el “contenido”, que depende directamente de la Santa Sede. Pero las asociaciones solicitantes insisten en que con incoar el expediente BIC sería suficiente para paralizar cualquier acción de un Gobierno.

Indudablemente el Valle de los Caídos es un conjunto monumental único en el mundo. Imponente. Por error, el Tribunal Constitucional en la Sentencia referida a la exhumación y posterior inhumación de los restos de Francisco Franco dio por hecho que ya era BIC y manifestó que la sepultura se encontraba,

en un lugar relevante de una Basílica monumental que tiene el carácter de bien de interés cultural protegido. El Valle de los Caídos no es sólo una cuestión política.

(Gentileza de Libertad Digital-Nuria Richart)