El edificio que llevaba okupado desde 2009 en la avenida de Largo Caballero de Alcobendas era un escondrijo que algunos delincuentes aprovecharon para evadirse de la acción de la justicia. Ayer, un enorme contingente de 250 agentes, acabaron con la impunidad okupa en este punto negro de la ciudad, desalojando a 62 familias (sólo dos de las que habitaban los cuatro bloques de la urbanización pagaban el alquiler) y deteniendo, al percatarse de que pesaban sobre ellas órdenes de detención y requisitorias de entrada en prisión, a dos personas.

El inmueble, destinado a alquileres, albergaba a unas 300 personas (180 de ellas, menores, según los afectados). Las quejas previas por ruidos y trapicheo de drogas eran continuas y el caso había recaído en varios juzgados en estos años. De hecho, en 2019, fue cortado el suministro eléctrico, habida cuenta de que se habían hecho enganches para ‘alimentar’ plantaciones de marihuana en varios pisos. Agentes de la comisaría de la Policía Nacional de Alcobendas-San Sebastián de los Reyes pusieron en conocimiento de cada familia, el lunes pasado, que el lanzamiento (por orden judicial) era inminente. Fueron puerta por puerta entregando en mano, a quien les abrió la puerta, la notificación. Algunos firmaron el recibí y otros no. Pero otros ni siquiera contestaron al timbre.

Así, poco después de las 6 de la mañana, agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios; de la Policía Científica; de Seguridad Ciudadana; de Policía Judicial; Extranjería y Fronteras; Policía Local; servicios sociales, y Protección Civil se personaron en el número 26 de Largo Caballero.

El desalojo en sí no fue especialmente conflictivo, pero sí sirvió para engrilletar a un hombre de 57 años sobre el que pesaba una orden de detención policial y otra judicial de entrada en prisión, al haber quebrantado el alejamiento sobre su pareja, a la que maltrataba; otra vecina, de 45 años, estaba siendo reclamada por un delito de tráfico de drogas.

Pese a las quejas de algunos okupas, todos sabían que tenían las horas contadas. Prueba de hecho fueron los restos de marihuana escondidos en bolsas de basura, pues les había dado tiempo a los encargados del trapicheo de desmantelar sus plantaciones ‘indoor’, precisan fuentes policiales a este periódico.

Un hecho histórico

Este desalojo fue un hito histórico para muchos de vecinos de Alcobendas que se acercaron durante la mañana de ayer a los alrededores de la urbanización a presenciar la labor policial. Curiosos, mantenían conversaciones entre ellos e intercambiaban opiniones, pero todos coincidían en la satisfacción con la actuación llevada a cabo durante la jornada. «Chapó con cómo lo han hecho, han obrado muy bien», indicaba a este periódico una residente que prefiere no revelar su identidad por miedo a posibles represalias. Sin embargo, no confían en que no vuelvan a intentar entrar al edificio, por lo que creen que la única solución está en tirar los bloques.

«Hemos sufrido robos, amenazas, olores desagradables, reyertas entre los mismos okupas e incluso se han llegado a meter a la piscina de mi urbanización para ducharse, a pesar a tener agua en sus pisos», continuaba la mujer de 43 años que ha vivido en el edificio contiguo y donde incluso residían muchos de sus amigos. «Me da pena por ellos, pero lo cierto es que han tenido muchos años para irse».

Aunque los problemas eran mayores antes y con el paso de los años la situación se ha ido tranquilizando, el hastío vecinal era evidente. «No me cuadra que vayan al supermercado a comprar el mejor jamón de pata negra en un coche de alta gama y que luego cuelguen sábanas en los balcones pidiendo una vivienda digna». Tampoco pasaban por desapercibidas en el barrio las fiestas de cumpleaños y bautizos que hacían y que luego publicaban en redes sociales. Según indicaron varios de ellos a ABC, sus principales sospechas se dirigen al tráfico de drogas. De hecho, en una esquina de los bloques se encontraba una guardería infantil cerrada y que resultaba ser el lugar donde se almacenaba una plantación de marihuana.

«A mí lo que me parte el corazón son los niños», admitía otro vecino. Desde el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alcobendas se desplegó desde el pasado lunes un dispositivo de atención para todas las familias vulnerables afectadas por el desalojo, pues muchas de ellas estaban formadas por menores de edad que además asistían a clase en colegios de Alcobendas. Según indicaron desde la administración pública, 24 familias han sido atendidas y se les han ofrecido ayudas de emergencia social. Estas ayudas son individualizadas y acorde con la situación social y familiar, por lo que «no existe una respuesta única para situaciones diferentes.

(Gentileza ABC-Carlos Hidalgo /Amina Ould)