El plan anunciado el pasado domingo por Pedro Sánchez para movilizar hasta 50.000 viviendas de la Sareb en “alquiler asequible” se ha ido aterrizando a la letra pequeña durante las últimas horas. Este martes, en el Consejo de Ministros, ha sido la propia vicepresidenta primera, Nadia Calviño, quien ha matizado los números. De las 21.000 viviendas que se destinarán a las CCAA y ayuntamientos, solo 9.000 están listas para destinarse de forma inmediata al alquiler social. Las otras 12.000 precisan de diferentes obras de rehabilitación. Fuentes cercanas a Calviño establecen en un periodo de entre seis y 12 meses el tiempo para que este otro paquete de viviendas reúna las condiciones de habitabilidad.

La comunidad con más bolsa de viviendas de la Sareb es la valenciana, con 4.950, seguida de Cataluña (4.539) y Castilla y León (2.288). Madrid no aparece hasta la décima posición, con apenas 455. Todas estas viviendas a disposición de las administraciones autonómicas y locales, además, están orientadas principalmente a la venta.

Por otra parte, las mismas fuentes de la vicepresidencia económica precisan que las 15.000 viviendas del plan que corresponden a la nueva construcción, por la cesión de suelo, no estarán listas antes de mediados de 2025. Los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida, en la futura ley de vivienda, aumentan del 30 al 40% en el suelo urbanizable (actuaciones de nueva urbanización) y del 10 al 20% en suelo urbano no consolidado (actuaciones de reforma o renovación de la urbanización).

El objetivo a largo plazo del Gobierno es que una de cada cinco viviendas del parque público sean protegidas. Actualmente, este porcentaje se sitúa en el 3%. Para aumentar este porcentaje, los socialistas se comprometen en los ayuntamientos donde gobiernen a priorizar la oferta pública de vivienda frente a la del mercado público “para amortiguar de mejor manera la evolución del precio de la vivienda en nuestro país”.

De las 14.000 viviendas restantes del parque de la Sareb ya habitadas, y que pretenden destinar también a alquiler social, están actualmente en este régimen 2.000. Una pequeña parte de las 9.000 que se incluyeron en el programa de acompañamiento el pasado mes de enero, según ha informado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros la titular de Economía. Actualmente, se está trabajando para identificar a las familias vulnerables y ofrecerles un programa de alquiler social y acompañamiento laboral.

Desde el Ejecutivo, reconocen de forma implícita las críticas de otros partidos de la oposición sobre que la mayoría de las viviendas de la Sareb destinadas a este plan se encuentran en zonas poco atractivas al devolver la pelota al PP y señalar que “están allí donde las compró el PP y al precio que las compró el PP en 2012”. Con todo, argumentan que no debe minusvalorarse la importancia que tiene la movilización de estas viviendas para la “vertebración territorial” y el “significativo impacto en el territorio”.

Dentro de las 21.000 viviendas identificadas para uso social de Sareb que se movilizarán a través acuerdos de venta a las comunidades autónomas o municipios para alquiler social y asequible figuran acuerdos con la Comunidad Valenciana, Galicia o el Ayuntamiento de Madrid. Se están negociando, asimismo, operaciones con la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Torrelavega, y se trabaja actualmente con Cataluña en un nuevo acuerdo de venta, según informan desde el Ministerio de Economía.

Este paquete de viviendas para las CCAA y ayuntamientos permite también la adquisición a través de convenios de cesión temporal de viviendas para uso social, tanto a administraciones públicas como a entidades sin ánimo de lucro, “prestando especial atención a las zonas en riesgo de despoblación y a los colectivos vulnerables”.

La Sareb tiene todavía activos valorados en casi 29.000 millones de euros, de los cuales más de 15.631 millones son inmuebles (pisos, naves, solares…), muchos de los cuales estaban siendo gestionados por comercializadoras de alquiler como Altamira Asset Management, Haya Real Estate, Servihabitat y Solvia. El resto son créditos que tienen como garantía algún activo inmobiliario. El consejo de administración de Sareb aprobó el mes pasado la adjudicación a Hipoges (KKR) y a Anticipa-Aliseda (Blackstone) los servicios de gestión y comercialización de una cartera de inmuebles y préstamos por un valor cercano a los 25.300 millones de euros.

La política de vivienda, tras anunciarse el pasado viernes el acuerdo del Gobierno con ERC y EH Bildu para sacar adelante una ley que regulará los alquileres, es uno de los grandes ejes programáticos para estas elecciones de los socialistas. Como complemento al tope a los alquileres, el PSOE se compromete a prohibir las concesiones de nuevas licencias de pisos turísticos en las ciudades donde gobiernen que tengan dificultades para el acceso a la vivienda. Una iniciativa que trata de seguir la estela de Palma. Según explican fuentes de Ferraz que han trabajado en la elaboración del programa, cuentan con el marco del Tribunal Supremo que falló a favor del Ayuntamiento de la capital mallorquina para permitir esta restricción.

(Gentileza de El Confidencial-Iván Gil)