La Delegación del Gobierno ha denegado el permiso solicitado por organizaciones constitucionalistas entre las que se encuentran el Foro L&A, Unión 78, España Cívica y Convivencia cívica catalana para manifestarse el 21 de enero de 2023 en la Plaza de Colón (Madrid).

Según el órgano que lidera Mercedes González, el motivo es que otra persona ha convocado otra concentración en la misma fecha y el mismo lugar, pero las asociaciones organizadoras sospechan que se trata de una maniobra para evitar que ejerzan sus derechos y denuncian un «abuso de derecho y fraude de ley».

Por el momento, la manifestación, que lleva por lema «Por España, la Democracia y la Constitución», se ha visto obligada a pedir el traslado a la Plaza de Cibeles y calles confluentes a las 12.00 horas.

La solicitud se comunicó el 9 de diciembre de 2022 recibiendo una respuesta denegatoria por no estar dentro de los treinta días previos al acto y por lo tanto, se volvió a comunicar por registro telemático y correo electrónico el trigésimo día anterior a la manifestación.

La razón por la que se prohibió la segunda vez que se pidió fue por una supuesta concentración que coincide en fecha, lugar y hora con la de los grupos constitucionalistas. En la respuesta oficial de la Delegación del Gobierno se lee:

«Con anterioridad a su comunicación, tuvo entrada en esta Delegación del Gobierno el día 22 de diciembre de 2022 (00:01 horas) un escrito de una persona física, en el que comunicaba la celebración de una Concentración que coincide en la misma fecha, lugar (Plaza de Colón) y horario (10:00 a 15:00 horas) que la comunicada por usted».

Los constitucionalistas destacan en su comunicado que la comunicación del Gobierno no cuenta con la identidad del solicitante ni sobre el momento exacto de la recepción, por lo que podría haber sido fácilmente alterada para hacerla figurar como presentada con anterioridad.

Además, señalan que la concentración ha tenido una amplia difusión y los correos de petición hacen clara la prevalencia de este acto sobre cualquier otro. El comunicado termina con una sentencia a este «abuso de derecho y fraude de ley».

Esta «denegación de manera injustificada», según la ha clasificado el grupo de organizaciones constitucionalistas, llega después de que el Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid resolviese desestimar el recurso de la Fiscalía contra la imputación de la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González, denunciada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica por un presunto delito de prevaricación en el ámbito de la Ley de Memoria Democrática.

Así las cosas, deberá declarar como querellada el próximo viernes 13 de enero de 2023 a las 11.30 horas de la mañana, tal y como adelantó THE OBJECTIVE.

La asociación memorialista se querelló contra González por impedirles manifestarse ante el Congreso de los Diputados el día que se aprobó la Ley de Memoria Democrática, el pasado 13 de julio. La delegada no autorizó la ubicación y trasladó la protesta a la Plaza de las Cortes, unos metros más abajo del lugar solicitado. Cuando los manifestantes llegaron al enclave, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les informaron de que debían hacerlo aún «más abajo», lo que supuso, en opinión de los querellantes, una limitación ilegítima de su derecho de reunión.

(Gentileza de The Objetive-Jimena Garrido)