El Gobierno no ha sido todavía capaz de resolver la polémica revisión a la baja de las condenas, incluso excarcelaciones, de los delincuentes sexuales en nuestro país como consecuencia de la entrada en vigor de la ley del ‘sólo sí es sí’ y Pedro Sánchez ya ha provocado un nuevo escenario análogo, y favorable en este caso a los condenados por corrupción política, tras admitir la enmienda con la que sus socios de Esquerra (ERC) han planteado el indulto encubierto a la malversación del procés.

Jueces, magistrados, fiscales y expertos penalistas, consultados por El Debate, alertan de cómo la entrada en vigor de la rebaja en las penas actualmente previstas para el delito supondrá «una nueva sangría» en la revisión de las condenas de prisión a las que «podrán acogerse retroactivamente», por ser «más beneficiosas», algunos de los presos de macrocausas tan mediáticas como los ERE andaluces, la trama de la Púnica o el caso Kitchen dado que los implicados en los mismos no se beneficiaron personalmente de los fondos públicos malversados.

Anticorrupción alerta sobre ‘Kitchen’

De hecho, Anticorrupción tendrá que adaptar su escrito de acusación sobre la ‘Operación Kitchen’, relativa al presunto espionaje orquestado desde el Ministerio de Interior de Jorge Fernández Díaz contra el ex tesorero del PP Luis Bárcenas para robarle información sensible, a la nueva reforma del delito de malversación diseñada por PSOE y ERC. Y ello, pese a que el trabajo del Departamento que dirige Alejandro Luzón estaba prácticamente «finiquitado» en lo relativo a la pieza separada número 7 del ‘caso Villarejo’, según han confirmado a El Debate fuentes próximas al Ministerio Público, en espera de que el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional le facilitase acceso al material completo de la investigación llevada a cabo durante estos años.

Con estos mimbres, a la fiscalía especial no le quedará más remedio que cambiar la acusación ya esbozada para ajustarla a la nueva configuración del delito de malversación que han planteado PSOE y ERC, la cual supone rebajar las penas actuales allí donde se entienda que la desviación de los fondos públicos no se ha dirigido con ánimo de lucro personal o donde la conducta delictiva consista en usar el dinero para un fin diferente al previsto.

Con estos mimbres y advertencias, ya es innegable que la reducción de las penas previstas para los delitos de gestión desleal y desvío de fondos públicos para fines ilícitos -de los ocho años actuales a los tres que, como máximo, ha fijado a futuro la alteración del Gobierno y sus socios separatistas catalanes de las condenas a la malversación, siempre y cuando no haya existido un enriquecimiento personal para sus responsables- tendrá un «efecto colateral» inevitable en beneficio de los cargos socialistas y populares que ya hayan sido condenados a penas de cárcel o que están procesados, pendientes de sentencia, por graves casos de corrupción.

La reforma del Código Penal para reducir los castigos de inhabilitación impuestos por el Supremo a los cabecillas del 1-O, promovida por ERC y amparada por el Gobierno para «normalizar» y desinflamar el «conflicto» catalán, podría salir muy cara Pedro Sánchez. No en vano, buena parte del socialismo -históricos dirigentes como Alfonso Guerra y barones territoriales como el manchego Emiliano García Page- han puesto el grito en el cielo, conscientes del coste que podría la ‘amnistía’ encubierta a las elevadas penas de cárcel para los dirigentes separatistas excarcelados, para los que aún están pendientes de juicio o, incluso, para los prófugos de la Justicia española procesados por el 1-O, como Carles Puigdemont o Marta Rovira.

Los ERE andaluces del socialista Griñán

El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, continúa a la espera de su ingreso en prisión tras ser condenado, en firme y en última instancia por el Supremo, a seis años de cárcel como autor de un doble delito de prevaricación y de malversación al permitir la actuación irregular de la Consejería de Trabajo en la concesión de una serie de ayudas irregulares a empresas, en situación de quiebra insalvable, aún a sabiendas de que en la adjudicación de las mismas se estaban produciendo severas ilegalidades.

Griñán podría beneficiarse, si lo solicita, de las nuevas penas suavizadas que el trágala de ERC a Sánchez ha supuesto para los ilícitos cometidos en relación con el patrimonio de todos los andaluces. No en vano, en apenas dos folios los de Oriol Junqueras han planteado un cambio radical de la estructura del delito del malversación por el que, precisamente, el exvicepresidente de la Generalitat y cuatro de sus exconsejeros, fueron inhabilitados por el Supremo.

Si hasta ahora el Código Penal vigente preveía penas de hasta 12 años de cárcel —además de hasta 20 de inhabilitación— para aquellas autoridades o funcionarios que administrasen de forma desleal el dinero de todos los ciudadanos, se apropiasen del mismo o consintiesen el enriquecimiento de terceros a su cargo, el nuevo texto incluye la variable del «ánimo de lucro» como método para diferenciar la malversación ‘buena’ del resto y, de alguna manera, premiarla. Con ello, el separatismo catalán ha conseguido, en tiempo récord, librar a todos aquellos encausados, suyos o ajenos, pasados, presentes o futuros que metan la mano en la caja de lo ajeno pero no con el objetivo de beneficiarse económicamente de forma directa.

(Gentileza de El Debate-María Jamardo)