El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha plantado este miércoles para expresar su «más firme repulsa» a los «intolerables ataques» vertidos contra los jueces por parte del Ministerio de Igualdad y concretamente de su titular, Irene Montero, que acusa directamente a los magistrados de prevaricar.

A pesar de que el CGPJ advirtió de que la conocida ley del Solo Sí es Sí implicaría una rebaja de las penas para los violadores, Igualdad insiste en que esa revisión a la baja de las condenas a agresores sexuales se debe a una interpretación machista de la ley por parte de los magistrados. Por ese motivo, la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces ha recordado a través de un comunicado que los jueces únicamente están aplicando la norma.

En ese comunicado al que se ha adherido la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, el CGPJ también afirma que «este tipo de actuaciones» por parte de «algunos responsables políticos» minan la confianza de las víctimas en las administraciones y, en concreto, en la justicia, «aumentando su desprotección».

«Esta Comisión Permanente, por otra parte, expresa su más firme repulsa a los intolerables ataques vertidos en las últimas horas contra los miembros del Poder Judicial por algunos responsables políticos, que se contraponen con el acreditado compromiso de la Carrera Judicial con la protección de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual. Este tipo de actuaciones minan la confianza de las víctimas en las Administraciones y, singularmente, en la de Justicia, aumentando su desprotección», señala el comunicado.

El CGPJ recuerda que ya avisó a Igualdad

El CGPJ señala en su comunicado que tanto la Constitución como el Código Penal recogen la aplicación de la norma más favorable y que esta última ley establece el «efecto retroactivo» de aquellas leyes penales que favorezcan al condenado.

Por tanto, dice el CGPJ, las resoluciones judiciales que se han conocido en los últimos días y que rebajan las condenas a agresores sexuales son el resultado de «la aplicación estricta de estos preceptos por parte de los miembros del poder judicial, sometidos únicamente al imperio de la ley».

Y recuerda además que el CGPJ ya advirtió en su informe contrario al anteproyecto que «el cuadro penológico contemplado» para los delitos de agresiones sexuales «suponía una reducción del límite máximo de algunas penas» y avisó además de que «la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente».

«El informe, que fue remitido al prelegislador, constataba que el cuadro penológico contemplado en el anteproyecto para los delitos de agresiones sexuales tipificados en los capítulos I y II del título VIII del Código Penal suponía una reducción del límite máximo de algunas penas y concluía que ‘la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente’».

Comunicado de JpD

Pero tal ha sido la gravedad en la virulencia de los ataques que hasta Jueces para la Democracia, de la que fue portavoz la propia Victoria Rosell, la actual delegada del Gobierno contra la violencia de género y la persona que Podemos quería colocar en el CGPJ, ha tenido que salir al paso con otro comunicado en el que tachan de «muy desafortunadas e inapropiadas» las declaraciones de Igualdad.

Esta asociación judicial considera que el hecho de que el Ministerio de Igualdad no haya previsto esa consecuencia «no justifica que se arremeta contra los jueces/zas tachando sus decisiones como ‘justicia machista’ o considerando que se trata de una aplicación defectuosa de la ley».

«La reforma de las penas con las que se castigan algunos delitos conlleva la necesidad de revisar sentencias por exigencia de principios constitucionales, tal y como el propio CGPJ ya advirtió en el preceptivo informe que antecedió a la aprobación de esa Ley Orgánica», indica la asociación de jueces en un comunicado.

Para esta asociación, las manifestaciones de Igualdad «además de desafortunadas e injustas, cuestionan la credibilidad del sistema que tiene por objeto la protección de víctimas de los delitos sexuales y obstaculizan la necesaria confianza que en el mismo se debe promover».