Hace unos meses la Fiscalía Anticorrupción ponía fecha al fin de la presunta caja B del Partido Popular de Madrid durante la época de Esperanza Aguirre, que investiga la Audiencia Nacional en la llamada pieza separada número 9 de la trama Púnica, dejando fuera de las acusaciones a cerca de un centenar de imputados.

El Ministerio Público, tras más de ocho años de instrucción que arrancaron en 2015, exoneraba en un ansiado escrito de calificación provisional a 89 de los imputados, y sentaba en el banquillo a tan sólo una decena de ellos, entre los que sólo estarán el que fuera consejero de Presidencia Francisco Granados y el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez.

Sin embargo, el coste personal para quienes casi una década después de que la sombra de la sospecha se ciñese sobre ellos quedaron libres de la misma, es incalculable. Daño reputacional, deterioro de la imagen pública, pérdida de los cargos políticos –como en el caso de la exconsejera popular de la Comunidad de Madrid Lucía Figar, que dimitió de sus responsabilidades tan sólo 48 horas después de ser citada a declarar por el juez instructor– preocupación familiar, gastos de defensa.

Pese a las buenas noticias que, para la mayoría de los investigados, suponen los autos de sobreseimiento libre o archivo de los magistrados, al frente del caso, la realidad aplastante no deja lugar a dudas sobre las secuelas, irreparables, que provocan años y años de pesquisas, titulares de prensa, investigaciones o comparecencias judiciales, con la certeza íntima de la inocencia de quienes son puestos bajo la lupa de la Justicia, en un momento determinado por sus circunstancias.

Basta una denuncia de la oposición política para desatar la caja de los truenos de un calvario que, pocas veces, recibe en los titulares el mismo impacto positivo que provocó la repercusión negativa de las informaciones más morbosas contra los imputados, aunque finalmente se queden en nada.

En esta tesitura han debido verse más del 80 % de los miembros del equipo de Esperanza Aguirre, y la propia interesada por su etapa al frente de la Administración madrileña, tras leer el escrito de 860 páginas de acusación de la pieza número 9 de la trama, al ver que el titular del Juzgado de Instrucción Central número 6 de la Audiencia Nacional, el magistrado Manuel García-Castellón, se sumaba al mismo para dejarles fuera de la siguiente fase. La del juicio.

Más allá de las portadas en los medios de comunicación y la huella digital que todas y cada una de las actuaciones han dejado en el metaverso, la realidad de acuerdo a las conclusiones de la Fiscalía es que no ha podido encontrarse ningún «indicio» sólido que permitiese acusar a la expresidenta de la Comunidad de Madrid -y a un nutrido grupo de colaboradores y altos cargos de su equipo- señalados por el caso de las presuntas comisiones irregulares pagadas por empresarios madrileños, a los populares, a cambio de favores en adjudicaciones de obra pública y, supuestamente, financiar varias campañas electorales –las de 2003, 2007 y 2011– reforzando la imagen pública de la mandataria, durante su etapa como jefa de filas del PP autonómico. No se han dado «indicios concluyentes» sobre la posible implicación directa, o acreditable en los hechos delictivos, de Aguirre y la mayor parte de los suyos.

Más de la mitad de las piezas, archivadas

La trama de corrupción urdida en torno a Francisco Granados –exconsejero de la Comunidad de Madrid y exsecretario general del PP regional durante la era Aguirre– comenzó a ser investigada judicialmente, en el año 2014, en la Audiencia Nacional. Según el sumario de la macrocausa, Granados se «llevó» dinero «contante y sonante» a partir de las adjudicaciones de suelo, con las que alcaldes y empresarios hicieron «negocio» y obtuvieron importantes «márgenes» de beneficio. Así lo desveló ante el juez el propio socio del exconsejero popular, David Marjaliza.

Tras las pesquisas iniciales sobre las supuestas irregularidades cometidas tanto por miembros del PP madrileño, como del PSOE y Ciudadanos, la causa adquirió tales dimensiones que fue necesario trocearla en un total de trece piezas separadas, de las que siete ya han sido archivadas.

La última de ellas, la número 9 a la que este mismo viernes ponía fin el magistrado instructor Manuel García-Castellón, siguiendo el criterio de la Fiscalía. Una decisión con la que quedaban exonerados la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, y a un total de 71 personas físicas y 3 jurídicas entre ellas los exconsejeros Manuel Lamela, Lucía Figar, Salvador Victoria y Juan José Güemes, así como a los empresarios Juan Miguel Villar Mir y Javier López Madrid. Así lo han avanzó el Debate, en primicia, tras quedar judicialmente descartada cualquier implicación de los populares en las presuntas irregularidades de las empresas de Alejandro de Pedro Llorca -‘conseguidor’ de la trama- sobre los trabajos de reputación en línea de las compañías implicadas.

Tras más de seis años de investigación pormenorizada, era la Fiscalía Anticorrupción la que, el pasado mes de julio, ponía fin a las actuaciones judiciales con la absolución de la propia expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Más de mil páginas y una detalladísima exposición preliminar de los hechos en la que un equipo de fiscales –Carmen García y Teresa Gálvez, con Alejandro Cabaleiro al frente– argumentaron las razones por las que quedaron fuera de las acusaciones formales, más del 80 % de los imputados a la que ahora se ha sumado, formalmente, el juez García-Castellón.

(Gentileza de El Debate-María Jamardo)