(21-02-15) Hace unos días, me preguntaba si había empezado ya el fuego amigo en la Comunidad de Madrid para justificar decisiones sobre la elección de candidatos del PP y ponía una serie de coincidencias raras sobre la mesa.

Hoy no la haré. Ya tengo la respuesta a aquella pregunta. Otra vez ha aparecido la empresa Indra, otra vez jueces, otra vez dirigentes de la Comunidad de Madrid y sería de tonto no pensar que todo es intencionado, políticamente hablando.

Por supuesto, soy de los que cree que, en la vida civil, se necesitan pruebas para condenar y en estas denuncias presentadas ante la opinión pública no tienen valor de prueba. Aquí sólo hay indicios o sospechas. O ni siquiera eso. Y eso no es suficiente, judicialmente. Pero, hablamos de política y en política, desde un siglo antes del Cristo, el político, como la mujer del César, no sólo tiene que ser honesto, sino parecerlo. Y aquí, desgraciadamente, aparecen demasiadas coincidencias.

Por un lado, se asegura que el ex director de la Academia de Policía de Madrid, el magistrado Agustín Carretero, intentó sobornar con un puesto de trabajo que doblaba su sueldo a José Manuel Pinto, imputado clave en la causa que investiga el espionaje a varios altos cargos del PP de Madrid con fondos de la Comunidad, para evitar que revelase por primera vez en una declaración judicial la implicación directa del Gobierno autonómico.

Complicada cosa. Enmarañada cosa a estas alturas de la liga. Grabaciones diáfanas. Pruebas claras, en principio.

El presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González así como Salvador Victoria, lógicamente, negaron que el Ejecutivo crease una plaza de trabajo para que un imputado por el caso del presunto espionaje no implicase a los responsables.

Curiosamente, la denuncia la hacía El Mundo. Ahora, como si la mano que mece la cuna, quisiese compensar, es El País quien denuncia que, mediante un acuerdo entre la Comunidad de Madrid y la empresa tecnológica Indra, esta última paga, desde 2011, a un nutrido grupo de jueces, fiscales y secretarios judiciales por asesorar en el desarrollo de una herramienta informática que permitiese agilizar los trámites judiciales.

Hasta ahora, los pagos ascienden a unos 230.000 euros, hecho que no es legal, salvo que se haya pedido permiso expreso. Y ni siquiera. Hay cosas que no deben hacerse ni con permiso. Y los jueces, menos.

Enmarañado tema también y, esta vez, reconocido por los propios jueves.

Y luego, por otra parte, está Indra. Una empresa que vuelve a estar en boca de todos ya que fue, según el sumario del caso Púnica, la que sufragó una factura de 10.000 euros a una empresa que recibió encargos de la Comunidad para promocionar la imagen en la Red de Salvador Victoria y del presidente madrileño Ignacio González.

Otro tema complicado que, por supuesto, fue desmentido. Pero no sé si es suficiente.

En cualquier caso, son demasiadas coincidencias. Y eso no es normal. Porque, además, estoy seguro de que estas denuncias no van a parar aquí. Cada día estoy más seguro de que alguien, no me pregunten quien, está moviendo hilos y allanando el terreno para suavizar la salida de Ignacio González de la Comunidad de Madrid y poner a otro candidato a las elecciones en su lugar.

No estoy a favor de Ignacio González ni en su contra. Lo único que me molesta de todo esto es el maquiavelismo de alguno, aprovechando la tardanza de Rajoy en las nominaciones. Aunque, en política, nunca se puede poner la mano en el fuego por nadie. La falta de transparencia tiene estas cosas.

La Tarántula