Es difícil tasar la eficacia de las partidas destinadas a Memoria Histórica. Tan solo existe un baremo objetivo para medir el éxito -o fracaso- de las políticas preconizadas por José Luis Rodríguez Zapatero: el número de cadáveres exhumados en fosas y, sobre todo, cuántos de éstos son identificados. En este sentido, THE OBJECTIVE ofrece hoy en exclusiva un dato paradigmático: sólo el 3,77% de los cuerpos desenterrados en los últimos dos años han sido reconocidos.

Así lo ha admitido el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Félix Bolaños en respuesta a una solicitud realizada en base a la Ley de Transparencia por la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces. Según esta entidad, los datos evidencian «el absoluto fracaso en las identificaciones de las víctimas», por cuanto en 2020 y 2021 fueron exhumadas 943, pero de éstas sólo se logró identificar a 35.

Esto, pese al gasto récord en actividades relacionadas con la ahora llamada memoria democrática: un total de 4,5 millones de euros en esos dos años –sin contar los tres millones destinados en 2022– que fueron justificados, de manera preeminente, para exhumaciones. 1,5 millones fueron entregados a las comunidades autónomas en 2020, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por los tres millones de 2021, a partir de la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática.

Si los datos facilitados por Presidencia se disgregan por regiones hay dos casos que destacan. El primero es Andalucía, donde se han producido 354 exhumaciones, más de un tercio del total de las nacionales, y no se ha identificado a una sola persona, a pesar de que la autonomía se ha nutrido de tres vías de subvenciones distintas, recibiendo 428.294 euros el año pasado con el objetivo de exhumar cinco fosas distintas (Línea de la Concepción, Osuna, Jaén, Almargén, Víznar y Cala).

En segundo lugar, Cataluña posee unos registros igualmente desalentadores: de 177 víctimas exhumadas en dos años, tampoco ha habido una sola identificación. Y eso que el Gobierno de España otorgó 335.000 euros a la Generalitat en 2021. Pero el dinero público destinado a ambas regiones -la andaluza y la catalana- no ha servido para identificar a ninguna víctima de la guerra civil.

Esto demuestra, en opinión de la Asociación Raíces, que «hay serios problemas y dificultades en los procesos de identificación». Estos consisten, arguyen, en que «apenas se tienen datos fiables de los lugares de enterramiento, lo que provoca que las entidades exhumadoras, como Aranzadi, se dediquen a destripar los cementerios alterando la paz de esos lugares sagrados; por otro lado, han pasado tantos años, casi un siglo, que apenas se pueden hacer pruebas de ADN fiables».

Pero la insistencia en destinar partidas millonarias a estas cuestiones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez responde, según la entidad memorialista, a que la Ley de Memoria Histórica -ahora reconvertida en Ley de Memoria Democrática- tiene un carácter «sectario» y subvenciona «chiringuitos que buscan confrontar y convertir sus exhumaciones en eventos ideológicos y reivindicativos».

Por todo ello, desde Raíces abogan por un «replanteamiento de toda esta cuestión, enfocándose primero en la supresión de subvenciones públicas, por su fracaso contrastado y porque sólo sirve para que esto sea objeto de oportunistas; segundo, en la profesionalización, desideologización y seriedad de las actividades exhumatorias, para que no se conviertan en un circo macabro de exhibición de huesos, y finalmente en el respeto y consideración hacia todas las víctimas, no solo a las de un lado».

La asociación Raíces

«No solo a las de un lado», sostiene la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces en declaraciones a THE OBJECTIVE. Y es que la entidad se constituyó el 12 de marzo desde 2019 para reivindicar precisamente que la Ley de Memoria Histórica se aplique también a los crímenes del bando republicano.

Desde entonces, su lucha ha sido constante. Sobre todo contra la Generalitat de Cataluña, por su negativa a exhumar la fosa de Moncada y Reixac, la más grande de la región, donde yacen 700 cadáveres de represaliados por el Frente Popular. De hecho, tal y como adelantó este medio, se han querellado contra el responsable de la Dirección General de Memoria Democrática, Toni Font, por prevaricación.

«No hemos tenido otra opción ante el desprecio de la Generalitat hacia las miles de víctimas que hay en la fosa de Moncada y en otras fosas repartidas por toda Cataluña, donde hay miles y miles de represaliados por el Frente Popular y el Gobierno homicida de Companys», justificó en su día Guillermo Rocafort, secretario general de la asociación memorialista.

En su última actuación, Raíces ha conseguido un dato inédito, el del número de cadáveres reconocidos en las exhumaciones: el 3,77%. «Es evidente que el Gobierno de Pedro Sánchez ha creado una falsa expectativa de identificación masiva de víctimas de la Guerra Civil, y lo único que se está llevando a cabo en la práctica es un movimiento masivo de tierras y de huesos en los cementerios españoles sin apenas resultados prácticos en términos de identificación. Si hay un sector de la población que apoya este tipo de iniciativas estériles, al menos debe estar informada de su casi nulo resultado práctico, además de su elevado coste que siempre suele acabar en los mismos bolsillos, como los de la Sociedad Aranzadi», zanjan.

(Gentileza de The Objetive-Marcos Ondara)