Mientras Félix Bolaños ha viajado hasta el Vaticano para negociar la expulsión de los monjes del Valle de los Caídos.

Si bien se trata del primer acto oficial de Bolaños como sucesor de la ex vicepresidenta Carmen Calvo al frente de las relaciones con la Iglesia, la mayor relevancia está en su gran meta: evitar una importante crisis con la Iglesia Católica mientras se asalta al Valle de los Caídos.

Y es que el principal objetivo de la Ley de Memoria Histórica, que es acabar con el Valle de los Caídos, sigue paralizado. Y se debe a la lucha de 258 familias que han acreditado que los restos de sus familiares se encuentran en el osario ubicado en el término municipal de San Lorenzo del Escorial.

Estas familias alegan que no quieren que se toquen los restos de sus allegados, que se les mueva, manipule o les hagan pruebas de ADN. Un estudio encargado en 2011 por el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero certificó que los restos de las aproximadamente 33.000 personas que fueron enterrados en el Valle de los Caídos se encuentran revueltos y mezclados. Y claro, para obedecer los requerimientos de las 104 familias que han pedido que se saquen de ahí los restos de sus familiares, habría que tocar, remover y hacer pruebas de ADN a huesos que pueden pertenecer a los allegados de esas 258 familias que se niegan.

Sin licencia municipal

Así las cosas, la alcaldesa de la localidad de San Lorenzo del Escorial, Carlota Pérez, no ha renovado la licencia para acceder a la cripta donde están enterrados todos los restos. La razón que esgrime la regidora es que quiere esperar a que el Tribunal Supremo responda al recurso presentado por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, en representación de esas 258 familias, que en los últimos años ha paralizado las obras para acceder a los restos que permanecen desde hace más de 80 años en Cuelgamuros.

Ahora son las asociaciones memorialistas quienes han decidido reactivarse y han denunciado a la alcaldesa de San Lorenzo del Escorial por un presunto delito de prevaricación administrativa ya que consideran que no obedece a la resolución de Patrimonio Nacional que reconocía el derecho de esas 104 familias de recuperar los restos de sus allegados.

Así las cosas, todo apunta a que el proceso para analizar o no los restos de los 33.000 muertos que permanecen en el Valle de los Caídos va para largo. Al menos, mientras no se pronuncie el Tribunal Supremo.