La Comunidad de Madrid propondrá al Gobierno de Pedro Sánchez localizar las fosas comunes en las que fueron enterrados los presos ejecutados de forma sumaria durante los trabajos de construcción del «Tren de los 40 días», conocido también como «Vía Negrín», por parte del Gobierno republicano durante la Guerra Civil.

Este es el proyecto que el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso trasladará al Ministerio de la Presidencia en el marco de la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática y al que ha tenido acceso en exclusiva LA RAZÓN.

El Gobierno de Sánchez aprobó en abril el reparto de tres millones de euros entre las comunidades para iniciativas orientadas a la localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la contienda. Y el Gobierno madrileño ya tiene la suya redactada y presupuestada en 63.747,30 euros.

El llamado «Tren de los 40 días» fue construido por la República para evitar el aislamiento que sufrió la zona centro tras el intento de toma de la capital por parte del Ejército franquista durante el otoño y el invierno de 1936 y 1937.

A su construcción, tal y como señala el proyecto elaborado desde la Consejería de Presidencia, fue destinado un importante número de presos políticos y prisioneros de guerra. En la zona se han identificado dos campos de trabajo en los municipios madrileños de Pozuelo del Rey y Ambite.

Al primero de ellos, creado en 1938, fue trasladado un contingente de 380 presos gubernativos procedentes de la zona levantina. En este recinto está documentado un caso de asesinato y varias desapariciones.

En el campo de prisioneros de Ambite –puesto en marcha como consecuencia de la clausura del anterior y conocido, tanto por los vecinos como por las autoridades, como «Campo de Los Corrales»– se han documentado tres fallecimientos producidos como consecuencia del extenuante trabajo, la mala alimentación y los daños físicos sufridos.

Sus actas de defunción se encuentran en el Archivo Histórico Nacional: fueron inhumados sus cuerpos en el cementerio de la localidad.

En un paraje próximo a este campo se encuentra un lugar de enterramiento con «cuerpos de un número indeterminado de reclusos que fueron asesinados de forma sumaria y arrojados en una o varias fosas comunes», señala el proyecto.

Son precisamente estas víctimas las que ahora la Comunidad de Madrid trata de localizar. Según las declaraciones de antiguos presos que estuvieron recluidos en este recinto y del testimonio de numerosos vecinos, «el lugar de enterramiento se encuentra identificado en unas parcelas que cumplen unas características inequívocas, tanto por su cercanía al citado campo como por el tipo de cultivo que actualmente se sigue explotando».

Dos líneas estratégicas

El proyecto que el Gobierno de Ayuso pone encima de la mesa del ministro Félix Bolaños consta de dos líneas estratégicas.

La primera de ellas está orientada precisamente a la localización de víctimas. Se propone en primer lugar elaborar un estudio en torno a las evidencias orales y documentales. A este respecto, los redactores del proyecto –que ha contado con una potente asesoría desde el punto de vista histórico y de expertos en exhumaciones en este tipo de enterramientos– apuntan al testimonio de dos personas de avanzada edad, vecinos de Villar del Olmo y de Ambite, que oyeron a sus progenitores hablar de la existencia de este lugar de enterramiento, aportando un dato muy significativo que acota la posible localización de este lugar: el tipo de cultivo.

La propuesta de la Comunidad de Madrid pone el foco en aquellos prisioneros que no aparecen registrados en la Causa General: un reducido grupo de presos –que llegaron después del contingente inicial de 380 internos– cuya identidad no está registrada en ningún documento conocido, ni en el Archivo Histórico Nacional, ni en las listas del Centro Documental de la Memoria Historia, ni en los archivos de la Cruz Roja Internacional.

Internos que «eran presos gubernativos, dependientes de la policía secreta del Ministerio de Gobernación sin ningún control judicial y por tanto con escasa trazabilidad».

Su existencia se ha podido identificar gracias al testimonio que aportaron algunos de los integrantes del primer contingente de presos y cuyas declaraciones se encuentran recogidas en los sumarios de los Consejos de Guerra realizados por el bando franquista al término de la guerra y custodiados en el Archivo General e Histórico de Defensa.

«Las ejecuciones y desapariciones forzadas a las que hace referencia este estudio preliminar corresponden a las últimas incorporaciones al Campo de Trabajo, y es donde queremos centrar nuestra investigación y localización, atendiendo de esta forma al principio de verdad, justicia y reparación», destaca la Comunidad de Madrid.

Tras la elaboración del estudio, se propone la búsqueda y localización de los posibles lugares de enterramiento a través de «medios no intrusivos –aéreos y terrestres, aplicando la tecnología más avanzada– que puedan situar estos lugares de enterramiento con el objeto de añadir evidencias físicas que contrasten los datos orales y documentales, colaborando de esta forma en la confección del Mapa de Fosas».

Los impulsores de esta iniciativa reconocen a LA RAZÓN que han buscado dar forma a una propuesta «que no acabe en sí misma, sino que genere un efecto dinamizador en la zona».

Por ello, la segunda línea estratégica pasa por desarrollar un proyecto de «señalización de los puntos de este trazado ferroviario que por su significancia dentro del contexto de Memoria Democrática fuesen más importantes, como son los lugares de enterramiento, los recintos de internamiento y todos aquellos lugares donde se utilizó mano de obra forzada (túneles, trincheras, canteras, etc.)». Se trata, en definitiva, de un proyecto que pone el foco en los presos desafectos al Gobierno republicano que fueron ejecutados durante la construcción del tren y, al tiempo, en el sufrimiento del pueblo madrileño que quedó aislado por la ofensiva franquista y que tuvo en la «Vía Negrín» su única forma de permanecer conectado y abastecido.

(Gentileza La Razón)