El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha dado la razón al sindicato Comisiones Obreras y ha acordado paralizar temporalmente el proyecto educativo con el que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretendía paliar los efectos de la Lomloe, más conocida como Ley Celaá.

Se trata del decreto aprobado el pasado 18 de mayo en el Consejo de Gobierno regional donde se recogían algunas indicaciones para pasar de curso. Así, en este decreto se señala que las decisiones del equipo docente sobre promoción o titulación del alumno se adoptarán por mayoría cualificada de dos tercios en la Secundaria y de cuatro quintos en el Bachillerato.

En el decreto del Gobierno de Pedro Sánchez «hablan simplemente de que esta decisión se tiene que adoptar por mayoría. Sin especificar más. Lo que hemos hecho es ponerle nombre a esa mayoría, tratando de que exista el mayor consenso posible» entre el claustro y que «esa decisión sea muy consciente y muy reforzada del equipo de profesores de ese centro», señalan a Libertad Digital fuentes de la consejería de Educación que dirige Enrique Ossorio.

«Creemos el Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación del Gobierno de España es laxo y le falta concreción, ya que, por ejemplo, no incluye el precepto de qué mayoría de docentes debe tomar las decisiones de promoción y titulación», añaden dichas fuentes.

Las decisión del tribunal responde a las medidas cautelarísimas solicitadas esta semana por parte de CCOO. Ahora el Gobierno de la Comunidad de Madrid presentará sus alegaciones al TSJM para tratar de revocar las medidas cautelares, avanzan a este periódico.

«Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid trabajan desde el martes, cuando se nos notificó el auto, en dar respuesta a esta decisión y levantar la medida cautelarísima acordada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por ello, estamos elaborando un informe que se presentará en las próximas horas con el objetivo de que la Justicia pueda revocar esta decisión», señalan fuentes de la consejería, que subrayan que «dos de las cinco magistradas que firman este auto han mostrado su disconformidad con la medida adoptada».

Desde la Comunidad de Madrid consideran que el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno regional el pasado miércoles «no vulnera la normativa nacional». Por ello confían en que «continúe adelante».

La Comunidad de Madrid también recogía en su decreto la posibilidad de pasar de curso con suspensos, pero recomienda a los profesores que esto no suceda si las materias suspensas son de forma simultánea Lengua y Matemáticas.

CCOO no es la única institución que se ha opuesto a las medidas educativas de Ayuso. El propio Gobierno de España ha amenazado con acudir a la Justicia. Pilar Alegría ya advirtió de que «no se puede contravenir una ley aprobada en el Congreso de los Diputados. Si hay alguna cuestión que contraviene, el Gobierno actuará».