El teléfono de Pere Aragonés, desde hace un año presidente de la Generalitat, fue uno de los espiados por el CNI con autorización judicial. Así lo ha confirmado la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban López, en su comparecencia ante la Comisión de Secretos Oficiales que se ha reunido esta mañana en el Congreso.

Además de Aragonés, según ha podido confirmar OKDIARIO, entre los teléfonos pinchados están también el del ex presidente Carles Puigdemont y el del líder de ERC, Oriol Junqueras, así como los de algunos ex consejeros del Govern.

Ninguna de las fuentes consultadas detallan las fechas en las que se produjeron estas intromisiones en los terminales, por lo que, de momento, resulta difícil conocer el cargo que ostentaba cada uno de ellos.

Sin embargo, de forma extraoficial, apuntan a finales de 2019 y principios del 2020, justo cuando Junqueras salió de prisión para asumir el acta de diputado en el Congreso -dónde se le vio manejar un móvil-.

El resto de nombres, la mayoría anónimos para el gran público, son personas del entorno más cercano de Puigdemont y el líder de ERC que hablaban en su nombre o prestaban su terminal a ambos.

Esteban se ha dirigido a los portavoces de los grupos parlamentarios, a puerta cerrada, para esclarecer las dudas que tenían respecto al espionaje denunciado por el independentismo la semana pasada.

La jefa de los servicios de inteligencia ha llegado a la Cámara Baja con una carpeta en la que portaba un total de 18 autorizaciones judiciales que permitían a sus funcionarios acceder a las comunicaciones de los líderes separatistas en pleno golpe al Estado. Eso sí, no llegó a confirmar siquiera si fue a través del programa Pegasus.

Entre los espiados, explican fuentes conocedoras de los detalles, se encuentran colaboradores muy estrechos de Puigdemont y de Junqueras.

En el caso del presidente Aragonés, las intervenciones en su teléfono se produjeron en noviembre de 2019, en el momento en que él era vicepresidente de Quim Torra y ya se estaba negociando con Pedro Sánchez la futura Mesa de negociación.

Las explicaciones a puerta cerrada de Paz Esteban no son suficientes para las formaciones independentistas que denunciaron el espionaje.

Tras escuchar a la jefa de la inteligencia española consideran que es aún más pertinente que el Congreso abra una investigación sobre el espionaje a políticos independentistas. Exigen, además, que se desclasifiquen los documentos que la jefa de los espías ha enseñado a los diputados con acceso a secretos oficiales.

Desde ERC han anunciado que registrarán una petición de comisión de investigación para que el Congreso abra pesquisas sobre este asunto y tanto Junts como la CUP han pedido que se desclasifiquen los documentos que les ha mostrado Esteban.

La mayoría de los portavoces, tras abandonar la reunión que se ha celebrado durante toda la mañana de ayer, han evidenciado su insatisfacción por las explicaciones obtenidas y la mayoría ha dejado patente su indignación al considerar probado el espionaje «político» a personas no por sus actos, sino por sus ideas.

El portavoz de ERC Gabriel Rufián ha confesado que se encontraba «tan intranquilo como demócrata» como antes de escuchar a la directora del CNI porque, a su juicio, este jueves «se ha justificado que se espió a independentistas porque intentaban implementar sus ideas rompiendo el marco constitucional o legal».

La directora del CNI ha admitido que el centro ha realizado una investigación (sin especificar con qué métodos) sobre esos 18 separatistas, vinculados a la causa del Tsunami Democràtic. Todo, advirtió la funcionaria, bajo tutela judicial y con previa autorización.

De hecho, Esteban ha aportado el expediente que motivó la investigación a esos 18 individuos. Ha negado que el CNI esté detrás del espionaje al resto de la lista de presuntos afectados, revelada en la investigación del laboratorio informático canadiense Citizen Labs. Es decir, admite 18 de los 65 investigados, como hoy revelaba OKDIARIO.

Del resto de investigados, la directora del CNI se ha desvinculado asegurando que puede tratarse de una operación de otro estado, e incluso de otra agencia de seguridad gubernamental española ajena al servicio de inteligencia. Extremo este poco probable, pues ni Policía Nacional ni Guardia Civil operan con Pegasus.