El 28 de abril de 2022, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez consiguió sacar adelante su paquete de medidas económicas para hacer frente a la guerra de Ucrania gracias a su nuevo socio preferente: Bildu. Fueron los cincos diputados de esta formación los que apoyaron el decreto económico del Gobierno. Así, el presidente le dio la espalda a la oposición.

Contar con el apoyo de una formación proetarra tiene sus consecuencias para el Gobierno y, una de ellas, ya se deja ver: tirando de hemeroteca, Sánchez vuelve a quedar retratado.

Este 3 de mayo de 2022, OkDiario publica una fotografía de Mertxe Aizpurua, actual portavoz de Bildu en el Congreso, junto a Martxelo Otamendi, director de Egunkaria por aquel entonces, en una entrevista con dos terroristas de ETA encapuchados en el año 2001.

Tal y como señala el medio mencionado, en aquel momento Aizpurua era directora del diario Gara. Pero, «previamente, también trabajó como editorialista de Egin, cuyas páginas señalaban objetivos de la banda».

Dicha imagen supone la representación de «la traición de Sánchez al pacto constitucional y a las víctimas del terrorismo«. Otra consecuencia de pactar con Bildu es, sin duda, el acceso a determinados ‘privilegios’: Sin precedentes en la historia democrática de nuestro país, Sánchez mete en la Comisión de Secretos Oficiales a Bildu. Es decir, los batasunos serán conocedores de «la información confidencial del CNI«:

«Esto último se ha producido tras una maniobra impulsada por el Gobierno y perpetrada por la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, rebajando la mayoría de tres quintos (210) para la elección de los miembros de dicha Comisión a una mayoría absoluta (176)».

Aizpurua se negó a revelar la identidad de los terroristas etarras

La fotografía que muestra la «entrevista con ETA en el diario Gara del 7 de junio de 2001″ provocó que «el fiscal Pedro Rubira» presentara «una querella contra ambos directores [Aizpurua y Otamendi] por los delitos de amenazas terroristas y justificación del terrorismo«.

Además, posteriormente, Rubira añadió a dicha querella «el de colaboración con banda armada al imputarles el delito de inducción al asesinato del concejal de UPN en Leiza José Javier Múgica, al que ETA mató días después de la publicación».

«El entonces juez instructor Baltasar Garzón se negó a imputar a los dos directores -sólo los citó inicialmente como testigos- y centró la investigación en averiguar quiénes eran los dos encapuchados. Sin embargo, a partir de los recursos presentados por el fiscal, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio la razón al Ministerio Público contra el criterio de Garzón y ordenó la imputación de los dos directores».

Aizpurua jamás llegó a revelar la identidad de los dos etarras que aparecen en la fotografías. También, confesó que Otamendi y ella «quemaron las cintas de la grabación«.

«Tampoco dieron detalle alguno del lugar en que se produjo la entrevista, aunque sí deslizaron que fue fuera de España. Además, se acogieron al «secreto profesional» para no responder a determinadas preguntas».