El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere pagar los favores prestados por la actual fiscal general del Estado y ex ministra de su Gobierno, Dolores Delgado, con un cambio en la Ley del Estatuto Fiscal que le permitirá ascender a la máxima categoría de la carrera fiscal cuando cese como responsable del Ministerio Público: fiscal de Sala del Tribunal Supremo.

Los socialistas proponen, a través de una enmienda a la Ley Concursal, modificar el apartado seis del artículo 31 que dice así: «Si el nombramiento de fiscal general recayese sobre un miembro de la carrera fiscal, quedará en situación de servicios especiales».

El PSOE quiere modificar este apartando y añadir: «Adquirirá la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca el cese». De esta manera, Delgado seguirá teniendo poder en las causas que afectan a los miembros del Ejecutivo que están aforados ante el Alto Tribunal.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunió, en enero de 2020, para debatir la propuesta de Dolores Delgado como nueva fiscal general de Estado. Lo hizo tras el «intenso» debate de los 18 vocales presentes en la sede del órgano de gobierno de los jueces y bajo la atenta mirada de su presidente, Carlos Lesmes, que evitaba horas antes de la reunión pronunciarse sobre la «idoneidad» de la ex ministra socialista para el cargo.

Sin embargo, siete de los consejeros discrepantes, que votaron en contra de avalar a Delgado, emitieron un contundente voto particular: «No cumple los estándares de imparcialidad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

El documento íntegro, que recogía la opinión de los vocales Nuria Díaz Abad, José María Macías Castaño, Juan Martínez Moya, Juan Manuel Fernández Martínez, Gerardo Martínez Tristán, Carmen Llombart Pérez y José Antonio Ballestero Pascual, era inequívoco: en Europa, la autoridad al frente de la Fiscalía General del Estado debe «presentar la garantía de actuar con independencia».

Es decir, no puede quedar expuesta «al riesgo de estar sujeta, directa o indirectamente, a órdenes o instrucciones individuales del poder ejecutivo, como un ministro de Justicia, en el marco de su toma de decisiones».

Delgado ha protagonizado varios escándalos desde su desembarco en la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público, a través del entonces teniente fiscal Luis Navajas, se opuso a investigar al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la pandemia.

Tampoco vio delito en las denuncias presentadas contra miembros del Ejecutivo por la compra de material sanitario durante la pandemia. Sin embargo, sí ha abierto una investigación por el contrato de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La última de ellas, la ha protagonizado la Asociación de Fiscales, que llevará a Dolores Delgado a los tribunales por no convocar la constitución de la Comisión de Ética Fiscal antes del 17 de enero y acordar además la suspensión sine die del plazo.

En concreto, la asociación ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de Delgado, por el que quien el pasado 7 de febrero se acordó la suspensión de la citada Comisión para «iniciar un proceso inspirado en los principios de transparencia, publicidad y participación encaminado a recabar un elenco de personas pertenecientes al ámbito académico de la Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral a fin de poder designar al séptimo miembro de la Comisión de Ética Fiscal».

(Gentileza de OKDIARIO)