Koldo García Izaguirre, quien fuera asesor del exministro José Luis Ábalos durante la pasada legislatura, ha sido detenido junto con una veintena de personas por una presunta trama de compra de mascarillas a cambio de comisiones de la que se beneficiaron. Entre las otras 19 personas detenidas, destaca el empresario y presidente del club de fútbol Zamora CF, Víctor de Aldama.

El operativo ha sido efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil siguiendo órdenes de una investigación del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, también con la Fiscalía Anticorrupción en la coordinación.

Ha habido más de 20 registros en varias provincias españolas. El delito que se investiga es un presunto tráfico de influencias y presunto cohecho derivados de la adjudicación de contratos en las administraciones públicas para comprar mascarillas durante la pandemia de covid.

Ábalos se desentiende de la trama

Ábalos asegura que no conocía los pagos de comisiones a Koldo García: “Todo se hizo bien, a través de los mecanismos legales. Se hicieron las contrataciones por entidades autónomas y fueron revisadas por el Tribunal de Cuentas”#Canal24Horashttps://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/qDIh2LxTws

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El ex ministro Ábalos y ahora sólo diputado socialista lleva años señalado por una presunta trama que también quiso llegar a otros miembros del Gobierno, incluso la ex vicerpresidenta Nadia Calviño.

Preguntado por el caso abierto en el Congreso, Ábalos respondió atónito y abatido a los periodistas que le cuestionaron sobre el asunto.

“Todo se hizo bien”, afirmó, en relación a su gestión durante la pandemia para conseguir mascarillas, asegurando que “se hicieron las contrataciones con las comunidades autónomas” de manera conjunta y que fueron auditadas posteriormente por el Tribunal de Cuentas.

Sobre su ex colaborador, Koldo García, se lavó las manos: “No entiendo su participación en esto y ojala pueda informarme, no sé…”.

Seguro de su inocencia en la trama, sí que quiso mostrarse triste por la detención de su ex asesor de confianza. Sí que respondió, sobre ese cargo de confianza, que esa condición “la vas perdiendo” con el tiempo y que ahora él no tiene “equipo de trabajo ni asistente”. “Me cuesta creerlo y es un golpe, me parece increíble, ojala dé explicaciones”, insistió sobre García.

Pregunto por la petición de comparecencia parlamentaria que ha hecho este mismo miércoles la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se lo tomó como algo inexplicable: “Me da igual [la petición]”, dijo, añadiendo que es él busca ahora respuestas: “Ya me gustaría poder dar explicaciones… el que quiere explicaciones soy yo”.

Cuca Gamarra (PP), sobre la detención de un asesor del exministro Ábalos:

“Pedimos explicaciones, que deben ir acompañadas de dimisiones”#Canal24Horashttps://t.co/rscwNdtsL3 pic.twitter.com/QyJsHNfPxC

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“Estoy muy decepcionado, ojalá quede en nada”, zanjó sobre su ex colaborador en el Ministerio de Transportes.

Ábalos ocupó esa cartera ministerial entre 2018 y 2021 en 2 etapas, primero cuando era el Ministerio de Fomento y después reconvertido en Ministerio de Transportes y Agenda Urbana.

El PP de Madrid recuerda su denuncia en Anticorrupción

Tras conocerse esta noticia, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha recordado que en marzo de 2022 llevaron a la Fiscalía Anticorrupción doce contratos de compra de material sanitario por parte del Gobierno central. “Parece que no íbamos muy desencaminados”, ha deslizado Serrano en sus redes sociales junto a la noticia de la detención de Koldo García.

En marzo de 2022 desde @PPAsamblea denunciamos a la Fiscalía contratos de Ábalos, Illa y otros miembros del Gobierno de Sánchez. Parece que no íbamos muy desencaminados. https://t.co/FrexgCFxFx pic.twitter.com/mE1k2WhO8V

— Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) February 21, 2024

En la denuncia de los ‘populares’ se señalaban contratos por valor de 326 millones de euros vinculados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y entonces vicepresidenta primera, Nadia Calviño; al propio Ábalos y al ministro de Sanidad durante los primeros meses de la crisis sanitaria, Salvador Illa.

En la denuncia, se exponía que “hay una serie de contratos formalizados por distintos órganos de la Administración del Estado, que podrían ser casos y ejemplos de actuaciones por parte de los responsables, en los que el contratista podría tener una relación de cercanía o familiar con algún alto cargo, o no se han cumplido los debidos requisitos para la contratación pública y que son obligatorios de acuerdo a la ley y el criterio del Consejo de estado y el Tribunal de Cuentas”.

Así, se refería a “la falta de solvencia del contratista, o su inadecuación de la actividad social al objeto del contrato, lo que llevó a resultados perjudiciales para la administración, especialmente por un precio desorbitado e injustificado o por el no suministro de los bienes objeto del contrato”.