El Consejo de Ministros ha dado este martes su primer visto bueno al anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que establece un nuevo marco regulatorio para el transporte y la movilidad en España, y que permitirá a los ayuntamientos cobrar una tasa por circular en las zonas de bajas emisiones (ZBE).

La nueva ley, que se espera que se apruebe antes de que finalice 2023, permitirá que los ayuntamientos puedan cobrar una tasa por circular en la parte de su territorio, e incluso en su totalidad, si deciden que esta es su zona de bajas emisiones, han explicado este martes fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Los ayuntamientos que tienen la obligación de determinar la zona de bajas emisiones son aquellos que tienen más de 50.000 habitantes o más de 20.000, cuando se dan determinadas condiciones de mala calidad del aire.

De esta forma, en principio, son los que podrían utilizar esta figura, pero la ley no entra a juzgar en qué condiciones se tienen que prestar, es una más dentro del catálogo de todas las tasas que pueden cobrar los ayuntamientos, ha matizado la misma fuente.

Ha habido municipios que se han interesado por disponer de esta posibilidad como por ejemplo Barcelona y así lo han trasladado al ministerio porque se sentirían más seguros con un respaldo mediante una ley estatal al respecto.

En todo caso, será siempre una decisión de los ayuntamientos, que podrán escoger entre crear zonas de bajas emisiones pequeñas, en las que puede tener sentido no permitir la circulación de ningún tipo, o zonas más amplias en las que se permita circular a determinados vehículos aplicando o no esta nueva tasa.

La ley estatal lo que permite es garantizar que las condiciones básicas sean homogéneas en todo el territorio, aunque cada municipio podrá decidir si aplica la tasa o no.

Evolución del mapa concesional del autobús

La nueva ley incluirá asimismo una evolución del sistema concesional actual del autobús que, aunque ha sido muy eficiente durante muchos años, necesita una actualización y una modernización, ha subrayado la fuente.

Por ello, es necesario racionalizar las concesiones y el alcance de las mismas, además de centrarlas en grandes flujos de transporte entre las comunidades autónomas y agruparlas para reducir el número de contratos.

Se establece una disposición en la que por primera vez se permite que el Consejo de Ministros autorice que determinadas rutas se puedan liberalizar cuando haya condiciones que así lo aconsejan.

En cuanto a las posibles rutas que podrían liberalizarse, no es una decisión tomada, sino simplemente hay una aproximación dónde podría haber interés. «Es una evolución del sistema, pero no es una revolución», ha matizado el ministerio.

La ley no cambia los plazos concesionales -que son de hasta 10 años- porque se establecen en la ley de contratación del sector pública y también se mantienen los derechos adquiridos, por lo que, en cuanto haya una concesión con derecho de exclusividad, en principio, no podrá entrar otro operador privado.