Santana Motor, la extinta factoría automovilística de Linares, es el origen de uno de los últimos sumarios de la corrupción perpetrada por el PSOE-A.

La Policía continúa con la labor de rastreo de los fondos públicos que fueron transferidos a la empresa. Así, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha descubierto un desfalco de 137 millones de euros de la Administración autonómica por intereses políticos del Gobierno de Manuel Chaves, e investiga la posible vinculación de Juan Carlos Martínez, marido de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, con el caso.

La UDEF denuncia que la Junta de Andalucía utilizó «en fraude de ley» la normativa que le «hubiera impedido financiar por importe total de 136.821.197 euros» al grupo Santana Motor, cuyas sociedades —Santana Motor y Santana Motor Andalucía— entraron en causa de disolución en 2007 y no cerraron hasta 2011, gracias a un préstamo entre ellas condonado en 2005. Entre 2009 y 2011, ambas entidades recibieron una ayuda a fondo perdido de 36,1 millones de euros «para el desarrollo de un modelo de vehículo», de los cuales «tan sólo se invirtieron 10,69 millones».

Además, los únicos recursos propios que generó la fábrica provinieron de la venta de activos a la Agencia IDEA, que le supusieron unos ingresos de 84,99 millones de euros.

CORRUPCIÓN DEL PSOE

Cuando IDEA traspasa las acciones a su filial Incubadoras de Emprendedores de Andalucía S. L. (Incuba), abona otro préstamo público no reembolsable, «en calidad de reequilibrio patrimonial que, en realidad, enmascara ayudas laborales por importe de 15,72 millones de euros». Así, la factura a los andaluces asciende a los casi 137 millones de euros que se desprenden de dos atestados entregados el pasado octubre al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

«Lucro injusto»

En el marco de esta operación, y detrás de los 36,1 millones de euros, la UDEF investiga a Juan Carlos Martínez, otrora jefe de Gabinete del exconsejero andaluz Francisco Vallejo y director de Gabinete de Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Cooperación Territorial entre 2009 y 2011. En otro informe, la Policía ve un «lucro injusto» del exasesor político a través de su sociedad Job Management Liberty S. L., así como de dos hermanos suyos, Manuel y Bienvenido Martínez —quien fuera presidente de Santana Motor—, con empresas de gestoría y consultoría, como Experience Management Group S. L. Ambas «presentan importantes ingresos de sociedades que reciben a su vez cuantiosos ingresos de la Junta», como la propia Santana, Fagia, Fasur, Laboratorios Farmacéuticos Rovi e Isofotón, la planta solar investigada por una malversación de 43 millones de euros a fondo perdido.

Gestión de los hermanos

Una tercera sociedad, Be Make Create S. L., administrada por Manuel Martínez, ha percibido ingresos de las «otras en cuya gestión participan sus hermanos», según la UDEF, que indica un supuesto «mecanismo de retribución por la concesión de fondos públicos». Se da la circunstancia de que la esposa de Juan Carlos Martínez, María Gámez, la directora general de la Guardia Civil, fue delegada del Gobierno andaluz en Málaga entre 2008 y 2010, así como concejal socialista del Ayuntamiento de Málaga entre 2011 y 2016.

Los hermanos Martínez no son los únicos investigados en este caso. La UDEF también señala a otras seis personas más, entre ellas los exconsejeros socialistas Antonio Ávila y Martín Soler. Ambos habrían participado en la concesión de ayudas a Santana Motor.