El magistrado de Barcelona Ignacio Sánchez García-Porrero ha rechazado el recurso del equipo jurídico de la alcaldesa Ada Colau, que deberá declarar en el juzgado de primera instancia el próximo 4 de marzo bajo las imputaciones de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas.

La imputación ratificada este jueves por el juez deriva de una querella de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática que acusa a Colau de haber financiado a entidades afines, como el Observatorio de Derechos Económicos y Sociales (DESC), en el que trabajó Colau, la Plataforma de Afectado por la Hipoteca, la Alianza contra la Pobreza Energética o Ingenieros Sin Fronteras.

El equipo jurídico de Colau reclamaba el archivo de la querella con el argumento de que la alcaldesa no había intervenido directamente en las adjudicaciones, pero el juez apunta que contra la admisión de una querella no cabe recurso, según el Tribunal Supremo, y que el escrito de la alcaldesa era una “declaración exculpatoria” de “forma prolija”.

La querella de la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática mantiene que las subvenciones concedidas a estas organizaciones tenían por objetivo “financiar los salarios, actividades y funcionamiento general de estas organizaciones afines”. Como prueba, señala supuestos informes con títulos como “Fortalecer capacidades en la provincia de Inhambre” (Mozambique) o “Compost y educación ambiental en Maputo”.