La izquierda siempre encuentra una justificación: La alcaldesa socialista de Alcorcón Natalia de Andrés descarta dimitir pese a la condena por inhabilitación

No habrá dimisión porque se trata de una inhabilitación «mercantil», y no «política». La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE), se ha defendido de las críticas vertidas por la oposición y de la falta de un respaldo tácito de parte de los socialistas madrileños tras confirmarse este martes una condena de 5 años de inhabilitación por administrar bienes ajenos de titularidad pública y privada, cuyas acciones llevaron a la quiebra a la empresa municipal de vivienda de Alcorcón (Emgiasa).
«Esta condena no puede implicar mi dimisión como alcaldesa en ningún caso, porque afecta única y estrictamente al ámbito mercantil», se ha defendido la regidora este miércoles en una rueda de prensa telemática.
Un auténtico terremoto político sacudió ayer a la localidad madrileña, después de que el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid confirmase una sentencia judicial que sitúa a la actual regidora como responsable subsidiaria de llevar a la quiebra a la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón, que se encuentra actualmente en concurso de acreedores.
La condena, no obstante, salpica a otros ocho cargos de PSOE e Izquierda Unida, entre ellos el ex alcalde socialista de la localidad, Enrique Cascallana, inhabilitado para administrar bienes públicos 10 años.
«No tengan ninguna duda de que si la sentencia hubiese indicado que tengo que dimitir como cargo público, no habría dudas al respecto. Pero no es así. (…). Habrá gobierno en Alcorcón hasta 2023», se reafirmaba Natalia de Andrés. Hace meses, la regidora advirtió que no dejaría su cargo al frente de la localidad madrileña «por muy desfavorable» que fuese la condena porque, insistió, no afecta a su «actividad política».
La socialista ya ha avanzado que recurrirá la sentencia porque «no se ajusta a los hechos». Según su versión, ni ella ni los cargos políticos implicados confeccionaban la contabilidad de la empresa pública porque «los políticos no debemos interceder en esas cuestiones», unas explicaciones que, asegura, convence a sus socios de gobierno, al resto de compañeros de partido en la Comunidad de Madrid y al secretario general del PSOE-M, Juan Lobato.






