El teléfono antiokupación de la Comunidad de Madrid podrá empezar a sonar a finales de febrero o principios de marzo. El Gobierno regional ultima ya los detalles para la puesta en marcha de un nuevo servicio público que estará atendido por una plantilla de 16 policías municipales de diferentes ayuntamientos que cubrirán las 24 horas de los 365 días del año, tal y como ha podido saber EL MUNDO.

Los primeros siete agentes locales que responderán las llamadas van a recibir previamente un curso de formación específica en la materia y la idea es que el resto de sus compañeros se vayan incorporando progresivamente a lo largo de 2022. El coste estimado de esta medida es de 700.000 euros al año que se destinarán casi en su totalidad al pago de las nóminas, ya que la oficina se ubicará dentro del centro de operaciones de la Agencia de Seguridad y Emergencias, en Pozuelo de Alarcón.

Para poder contactar con el 112 antiokupación -que es el nombre del servicio- hay que marcar precisamente ese mismo número de teléfono. «El objetivo fundamental es prestar asesoramiento y ayuda a ciudadanos que puedan verse afectados en sus derechos de propiedad como consecuencia de estos actos ilegales», explica el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López.

Entre las funciones de la plantilla estará la de «mejorar la información y coordinación con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado» cuando se notifiquen denuncias. Este trabajo conjunto se podrá hacer de forma presencial puesto que estos profesionales estarán ubicados junto a efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Un ejemplo concreto de actuaciones que se tratarán de potenciar son las intervenciones inmediatas ante una usurpación de una propiedad que se esté produciendo o se haya producido en un plazo inferior a 24 horas, ya que «a veces son momentos cruciales y clave para poder evitarlas», precisa un portavoz del Ejecutivo autonómico.

Según los datos de la Comunidad de Madrid, en la región hay actualmente entre 4.000 y 4.500 inmuebles okupados: alrededor de 2.000 son pisos públicos de la Agencia de Vivienda Social y el resto corresponden a particulares o entidades privadas, como bancos.

En la Delegación de Gobierno señalan que la cifra exacta es difícil de calcular entre otros motivos porque no hay criterios homogéneos por parte de los cuerpos de seguridad que notifican este tipo de delitos. Sólo en 2020 la Guardia Civil registró 1.043 usurpaciones y la Policía Nacional otras 1.025, de las que habría que descontar las propiedades que fueron recuperadas mediante lanzamientos o intervenciones de los agentes.

ORIENTACIÓN JURÍDICA

En el teléfono creado ad hoc para combatir la okupación en la Comunidad de Madrid -una medida anunciada en septiembre de 2020 que se materializa ahora- también se explicará a los afectados sobre dónde y cómo denunciarla. Además, se ofrecerá orientación jurídica y asesoramiento sobre cómo iniciar o agilizar el desalojo.

Una de las peculiaridades de este servicio gratuito para los usuarios es que los agentes encargados de este servicio tendrán acceso inmediato de forma on line al Registro de la Propiedad a través de la firma de un convenio. Así, se podrá conocer «quién es el dueño verdadero en un proceso de desocupación y evitar malos entendidos o confusiones que ralenticen o entorpezcan el proceso».

«Nosotros somos una comunidades que entendemos que la mejor forma de respetar y proteger la propiedad es asegurar que ésta no es afectada por actos ilegales», sostiene el consejero madrileño de Presidencia, Justicia e Interior. «La mejor forma de poner inmuebles en el mercado es asegurar al propietario su pronta recuperación en el caso de que se produzca un ilícito de la naturaleza que sea, bien sea por ocupación ilegal o por impago de las rentas», concluye.