La armonización que plantea el Gobierno supondrá que «si una herencia media en Madrid ahora paga 22 euros de impuesto de Sucesiones, pague 2.200», alerta el consejero Javier Fernández-Lasquetty.

Y es que la nueva Ley de Autonomía Financiera que acaba de aprobar el Gobierno de la Comunidad madrileña, y que supone, según el consejero de Economía, Empleo y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, «decir a Pedro Sánchez ‘stop, nada de armonización, nada de imponernos impuestos tan altos’».

La filosofía de la norma la resume el consejero con este ejemplo: «No queremos que una herencia media, que ahora paga 22 euros de impuesto de Sucesiones en Madrid, pague 2.200, que es lo que quiere Pedro Sánchez».

La norma ha recibido este miércoles luz verde del Consejo de Gobierno, para que el anteproyecto del texto inicie su tramitación legislativa en la Asamblea madrileña.

Fernández-Lasquetty ha insistido en que «los madrileños vivimos bajo la amenaza del hachazo fiscal que quiere imponernos Pedro Sanchez, que quiere obligarnos a un impuesto de Sucesiones altísimo, y de Patrimonio, en contra de la voluntad de los madrileños, que demostraron clarísimamente en las anteriores elecciones».

Economía madrileña

La Ley de Autonomía Financiera blinda a la región ante posibles subidas estatales de impuestos. Y obliga a los poderes públicos madrileños a reaccionar con todos los mecanismos a su alcance ante las normas que infrinjan su corresponsabilidad fiscal. En opinión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha sido el libre ejercicio de esta autonomía fiscal, traducido en bajadas de tributos desde hace 17 años de forma consecutiva, lo que ha conseguido que Madrid sea la mayor economía de España.

La norma autonómica intenta adelantarse al Gobierno central, poniendo un escudo ante las modificaciones que prepara el Gobierno de España y que, creen, supondrán una subida de impuestos generalizada a los ciudadanos de Madrid. Argumenta que pretende «proteger los derechos reconocidos en esta materia a la región a través de la Constitución española -artículo 156- y su Estatuto de Autonomía –artículo 51-».

La Comunidad de Madrid podrá salvaguardar el ejercicio de su autonomía financiera, tanto desde la vertiente de los gastos como de los ingresos, «imponiendo a los poderes públicos regionales su defensa de cualquier intento de menoscabarla». Concretamente, explican en Hacienda, se explica «se obliga a la Asamblea de Madrid y a los órganos superiores de Gobierno y Administración autonómica a reaccionar con todos los mecanismos a su alcance en la legislación nacional, europea o internacional, ante cualquier ley, disposición normativa o acto del Estado con fuerza de Ley que infrinja la corresponsabilidad fiscal y autonomía financiera de la región».

Bajando al detalle, la norma regulará la autonomía de ingresos, concretada en la capacidad del Ejecutivo madrileño para regular y ejecutar sus propios tributos, los recargos sobre impuestos estatales y los impuestos cedidos por el Estado. También se reglamenta la autonomía de gasto de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia y economía, así como de sostenibilidad y estabilidad presupuestaria.

Y se garantiza la transparencia en la información sobre la actividad financiera de la Comunidad de Madrid y el funcionamiento y control de la actuación pública tributaria. Esto significa que se informará a los madrileños del destino final de la aportación que realizan a los ingresos públicos, o de su situación tributaria en relación con otras comunidades autónomas o, en su caso, regiones extranjeras.