El ‘culebrón’ en el que se ha convertido la ‘operación Chamartín’ después de un cuarto de siglo podría estrenar, por fin, su última temporada. Según ha podido saber EL MUNDO, hoy la Comunidad de Madrid va a enviar al Ayuntamiento de la capital el Informe de Evaluación Ambiental del proyecto urbanístico que prevé la construcción de 10.500 viviendas al norte del paseo de la Castellana, el último trámite administrativo que faltaba antes de que el Pleno municipal pueda someter a votación el plan para su aprobación provisional.

En el Gobierno autonómico consideran que hay «tiempo suficiente» para que los 57 concejales que componen el hemiciclo de Cibeles se pronuncien sobre dicho asunto antes de las elecciones del 26-M mediante la convocatoria de una sesión ‘ad hoc’ a lo largo de esta semana. «Nuestro compromiso para sacarlo adelante ha sido evidente pese a los palos en las ruedas que nos ha puesto el equipo de Manuela Carmena a lo largo de toda la legislatura», sostiene un portavoz del Ejecutivo de Sol.

El informe definitivo de Madrid Nuevo Norte -el nombre actual de la original ‘operación Chamartín’- da vía libre a la aprobación de la necesaria modificación del Plan General de Ordenación Urbana, aunque con una serie de requerimientos. El principal es que la inversión necesaria para las obras relacionadas con las instalaciones del Canal de Isabel II, la construcción de tres nuevas paradas de Metro y el acondicionamiento de las carreteras circundantes debe «asegurarse» con carácter previo. Dicho de otra forma: que quede constancia de quién asumirá la factura total de cada una de dichas actuaciones.

En el protocolo de ejecución suscrito hace un mes por el Ayuntamiento de Madrid, Adif -la entidad pública propietaria del terreno- y Distrito Castellana Norte (DCN) -la empresa privada que promueve el desarrollo-, los tres actores protagonistas se reparten el coste de las infraestructuras que tendrán que realizarse, valoradas en alrededor de 3.000 millones de euros. Pero también se fijan algunos límites.

Concretamente, el acuerdo establece que DCN, formado por BBVA y la constructora San José, sufragará la «reposición, refuerzo y retranqueo» de las instalaciones del Canal de Isabel II en el ámbito, hasta un máximo de 79,5 millones de euros, y la «mejora y prolongación» de la Línea 10 del Metro, con un tope de 141 millones de euros sin IVA.

Al requerir al Ayuntamiento el «aseguramiento del gasto» en la realización de esos trabajos, el Gobierno que ahora preside Pedro Rollán quiere garantizar que «los ciudadanos no van a tener que pagar ni un euro para costear estas infraestructuras» en el futuro. Tanto el Canal de Isabel II como el Metro son empresas públicas dependientes de la Comunidad, un organismo que, según subraya una fuente oficial, «no realizará ninguna inversión para la ejecución de este proyecto».

Además de las 10.500 viviendas, de las cuales alrededor de 2.100 protegidas, Madrid Nuevo Norte contempla la construcción de más de un millón de metros cuadrados de oficinas y actividades comerciales, junto a equipamientos y amplias zonas verdes. El proyecto incluye la reforma integral de la estación de Chamartín y el soterramiento de las vías.