La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que el Gobierno regional se personará como acusación particular en el caso de las menores que vivían en centros de protección y que fueron liberadas por la Policía Nacional tras ser prostituidas por una mafia de proxenetas. Los agentes detuvieron a 37 personas y liberaron a diez menores de 14 a 17 años de edad. Varias de ellos estaban tuteladas por la Comunidad de Madrid y residían en centros de protección del Gobierno regional.

En una entrevista en la ‘Cadena Ser’, recogida por Europa Press, ha sostenido que lo hacen para “dar toda la información necesaria y colaborar totalmente con la Policía para esclarecer cualquier duda”. Además, ha incidido en que en cuanto se reanude el período de sesiones, en la Asamblea de Madrid, la consejera de Política Social Concepción Dancausa irá a dar explicaciones.

“Nosotros lo que estamos haciendo es colaborar pero también siendo conscientes de que es una situación muy compleja, ya no solo por las vidas tan complicadas que están soportando estas menores, que en algunos casos han llegado a ser incluso obligadas por sus propios familiares, sino que además por la Ley del Menor y por las dificultades que esta contrae cuando estos menores salen de los centros nosotros no podemos vigilarles”, ha declarado la presidenta regional.

Preguntada por el motivo por el que en un primer momento se informó de que no había víctimas que fueran tuteladas por la Comunidad, Ayuso ha desgranado que fue la delegada del Gobierno en Madrid Mercedes González quien le trasladó al consejero de Presidencia Enrique López que no había menores tuteladas por la Comunidad.

El mismo día que la Policía Nacional informó de la operación la Comunidad de Madrid desmintió en varias ocasiones las informaciones de fuentes de la investigación que referían que varias de las víctima de la red de explotación sexual estaban tuteladas por la Comunidad de Madrid y que una de ellas residía en un centro de Paracuellos del Jarama.

“La información que vamos dando es la que vamos recibiendo. Estamos ahora en manos de una investigación policial, que va por delante, y luego con datos que es muy difícil acceder a ellos porque en muchos casos los tienen los profesionales”, ha señalado.

Ayuso ha subrayado que van a dar todas las explicaciones y tomar todas las medidas pero tienen que ser “muy cautos” porque es una investigación que está abierta y en la que en tiempo real se va conociendo más información.

En un desayuno informativo en el hotel Ritz, organizado por Nueva Economía Forum, Ayuso ya hizo en la mañana del lunes hincapié en la situación de estas menores, que son personas “con unas vidas muy desgraciadas”. “Creo que es importante que este debate salga pronto de la política”, ha subrayado.

En este punto, ha incidido en que se está hablando de niñas “que han sido incluso prostituidas por sus propios padres y que, en algunos casos, incluso tienen órdenes de alejamiento de los mismos por maltrato”.

Además, ha incidido que en muchos centros se habla de casos que están “abiertos por lo penal”. “Son niños que después ni siquiera acuden a clase, que una vez salen de nuestros centros no pueden ni siquiera retomar una vida medianamente normal por las circunstancias en las que ellos mismos están”, ha apuntado.

Así, ha incidido en que desde el Gobierno regional lo que hacen es “garantizar su ropa, su alimentación, médicos, educación, psicólogos y psiquiatras” pero una vez que estos salen a la calle “la Comunidad no puede ponerles vigilancia” ni tampoco pueden conocer “todos los detalles de los mismos” porque estos están custodiados por los profesionales que están tutelándoles directamente.

Ayuso ha declarado que los hechos que se están denunciando son “muy diferentes” de los que se han dado “en otras ocasiones”, porque “no se han producido nunca en centros de la Comunidad ni a manos de ninguno de sus profesionales”. En ese caso, ha asegurado que su Gobierno actuaría “sin contemplaciones”.

“Estamos colaborando con la Policía y lo que hacemos es ayudarla con toda la información que nos van requiriendo y la que la propia Policía nos va suministrando a nosotros, que no siempre tenemos”, ha manifestado, al tiempo que ha indicado que la denuncia se produjo en uno de los centros.

La presidenta autonómica ha apuntado que es “muy complicado” porque ofrecen tutelaje cuando están en centros de la Comunidad pero “una vez que salen sus vidas son muy complicadas” e incluso sus propios entornos familiares son los que hacen que tengan estas vidas “tan complejas”.