La extrema izquierda lleva seis años deseando acabar con la Ley de Seguridad ciudadana que aprobará el Partido Popular, ahora con Pedro Sánchez están a punto de conseguirlo.

Se abre de nuevo la vía libre para los manifestantes violentos y se deja más indefensos aún a los policías, antidisturbios y demás cuerpos de Seguridad encargados de la contención.

Esta nueva Ley de Seguridad del Gobierno de socialistas y podemitas es una auténtica aberración que pareciera impulsada por los mismísimos Alberto Rodríguez -el rastas de Podemos condenado por patear a un policía- o su compañera Isa Serra -condenada a 19 meses de cárcel por insultar gravemente a una mujer policía-, o por Valtonyc -el rapero malísimo exiliado que animaba a salir a matar guardias civiles en sus conciertos-.

Con la nueva norma, la detención durante seis horas sin justificar quedará en dos, y el material de antidisturbios, muy mermado: no más pelotas de goma.

Además, la presunción de veracidad total del atestado policial también desaparece, algo que celebra enormemente el exdiputado y rastas de Podemos, el pateapolicías oficial del reino. Ahora ya podrá seguir pegando patadas a agentes en tumultos que, si no hay cámaras ni pruebas, no servirá ni la palabra del funcionario.

Las autoridades competentes deberán desarrollar protocolos específicos, de acuerdo con los estándares internacionales, sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables.

Traduciendo; que salgan poco menos que a pelo a contener a los violentos. Y hay más: «a partir de ahora no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones o su difusión».

No es de extrañar que la nueva ley de este Gobierno vaya a dejar a la Policía y Guardia Civil a los pies de los caballos, porque lo vienen haciendo toda la legislatura desde el ministerio del inefable Marlaska.

La supresión de la prohibición de grabación y sobre todo de difusión sin autorización previa, de imágenes de policías en su trabajo diario. Una decisión que supone un peligro evidente para la integridad física de los agentes y de sus familias.

Igualmente, permitir que se celebren manifestaciones ‘espontáneas’, sin comunicarlas previamente ni advertir de sus recorridos, atenta contra las libertades del resto de ciudadanos, y vuelve a poner en situación de peligro e indefensión a los policías que se vean obligados a intervenir.

Esta situación ahonda en la situación de desamparo institucional que sufren los policías por parte de sus responsables políticos. También, crea más inseguridad jurídica en los policías, lo que puede llevar a coartar su operatividad en la complicada situación de pandemia y rotura del principio de autoridad por la que está pasando nuestro país.